La Frustración Minera
A tres lustros del lanzamiento de Bajo La Alumbrera en Catamarca, la realidad devuelve un escenario minero que contrasta demasiado con las autoindulgentes descripciones oficiales.
La decepción que comenzó a ganar terreno entre los catamarqueños poco después del inicio de las actividades del yacimiento más importante de Latinoamérica se extendió en los últimos años al resto del país.
Utilidades empresarias al margen, esta percepción no es consecuencia de la minería, sino de las políticas aplicadas a la actividad y de la malversación de los multimillonarios recursos que dejó al Estado.
La conjunción de estos dos elementos fue nociva para el desarrollo y consolidación del sector.
La ausencia de impacto de la renta minera en la calidad de vida concreta de la población obstaculizó, en el principio, la incorporación de la minería a la cultura productiva. A esta deficiencia se sumaron luego políticas nacionales que generaron incertidumbre y retrajeron las inversiones a la espera de condiciones más propicias.
El caso de Catamarca, que en Bajo La Alumbrera plasmó un modelo de alianza entre los inversores privados y el Estado con la participación de YMAD en el proyecto, es paradigmático sobre los efectos del derroche del capital minero a manos del electoralismo y las corruptelas.
La Provincia sumó a su erario miles de millones de pesos en concepto de regalías y de utilidades liquidadas puntualmente por YMAD pero, por ineptitud o falta de voluntad, sus gobernantes no lograron traducir estas fortunas en avances significativos de la calidad de vida de las comunidades aledañas a los emprendimientos, y mucho menos más allá de ellas.
Por el contrario, la renta minera se licuó en gastos improductivos y se destinó a financiar la hipertrofia del empleo estatal. Lejos de aprovechar la renta de la minería en inversiones tendientes a reconvertir el sistema productivo, como mejorar la infraestructura energética, por ejemplo, el dinero se malversó para profundizar el arraigo de la cultura del empleo público como destino ideal. En el medio, muchos administradores del sector público prosperaron en forma tan notoria como inexplicable desde una perspectiva lícita.
El hecho de que en paralelo los voceros políticos promocionaran las ganancias que al Estado le representaba la actividad minera tuvo un efecto político letal: la población no registró avances en su circunstancia, pero advirtió que lo que las empresas e YMAD liquidaban engordaba a muchos de sus supuestos representantes. El discurso antiminero sacó provecho evidente de este descontento popular cebado por la irresponsabilidad y una corrupción comprobada pero nunca sancionada.
Miles de millones de pesos se fueron por el resumidero de la incompetencia y la venalidad, que decantaron en una “minero-dependencia” presupuestaria: los fondos mineros, producto de la extracción de recursos no renovables y, por consiguiente, limitados, se desviaron a solventar gastos perpetuos, que serán imposibles de sostener cuando la renta decaiga o desaparezca.
En tal fatalidad se debate Catamarca, sin que se insinúen en el horizonte alternativas de financiamiento del Estado alternativas a la minería.
El panorama se oscureció aún más por las políticas nacionales para el sector.
El retraso cambiario, la modificación de normas jurídicas, las trabas a la importación y los obstáculos para girar utilidades al exterior se acumularon hasta provocar la remisión de las inversiones. El caso más sonado en este sentido fue el de la brasileña Vale, que decidió suspender sus actividades en el país -tenía un proyecto para explotación de potasio muy avanzado en Malargüe, Mendoza- hasta enfrentar un escenario con mayores certezas. Los grandes grupos se desprenden de sus inversiones en favor de organizaciones menos dedicadas e interesadas en la minería que en el negocio financiero.
La situación descripta no ha de revertirse con voluntarismo ni bravuconadas. Los efectos políticos de la dilapidación de la renta minera en Catamarca y el repliegue de las inversiones habilitan una conclusión: los inversores mineros tienen todo el tiempo del mundo para esperar mejores condiciones. Mientras este tiempo se extiende, las sociedades que cuentan con recursos mineros cuyas utilidades podrían volcarse al progreso asisten a la frustración de generaciones enteras condenadas a la Estado-dependencia y la pobreza.
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