La Polítia Online:
Por medio de dos fondos de inversión, el empresario menemista Jorge Neuss (el ex titular de Thales Spectrum, la sociedad que se había adjudicado en los 90 el control del espacio radioeléctrico con una concesión que después terminó rescindiendo Néstor Kirchner) logró desembarcar en los servicios públicos y se quedó con el manejo de la distribuidora eléctrica riojana EDELAR.
Tras haberla reestatizado a fines de 2013, el gobernador de la provincia, Luis Beder Herrera resolvió venderle el 27,55% de EDELAR a las firmas de Harz Energía Rioja S.A y Harz Energy LLC del grupo Neuss.
La venta de la porción accionaria que estaba en manos de la firma estatal ERSA (Energía Riojana SA) se concretó por una suma cercana a los $ 25 millones e incluyó la cesión al grupo Neuss del “gerenciamiento y manejo de la caja” de la distribuidora eléctrica.
El último dueño privado de EDELAR había sido Edenor, la distribuidora eléctrica del grupo que lidera Marcelo Mindlin. Ante la falta de inversión y los problemas que se registraron con los cortes de suministro, la administración de Beder Herrera decidió a fines de 2013 reestatizar las acciones que tenía Mindlin. Para eso creó la firma estatal ERSA con la cual adquirió el 78% de EDELAR por un monto del orden de los $ 100 millones.
La ley provincial 9470 que autorizó la compra y la creación de ERSA había establecido que ésta sociedad sólo iba a poder vender parte de sus acciones con la autorización previa de la cámara de diputados.
Esa traba no duró mucho. Fue eliminada por Beder Herrera con un artículo incorporado en la última ley de Presupuesto que le permitió cerrar la venta parcial de la eléctrica al grupo Neuss sin tener que esperar el visto bueno de los legisladores.
Tras el desembarco del empresario que es íntimo amigo de Menem y uno de sus principales laderos a la hora de jugar al golf, el reparto accionario de EDELAR quedó conformado de la siguiente manera: ERSA, 51%; las firmas Harz del grupo Neuss, 27%: la ANSES, 21% y La Rioja Telecomunicaciones,1 %.
Con esta jugada en suelo riojano, Neuss logró ampliar sus negocios en el sector energético. Desde hace casi dos años ejerce el control de EDERSA, la distribuidora eléctrica de Río Negro. Su empresa Harz Energía Río Negro se quedó con el 74,5% de la empresa eléctrica provincial tras comprar las acciones que estaban en poder del grupo italiano Camuzzi, del fondo DyG de Christian Colombo y la local Desarrollo Gamma.
Luego de su avance en La Rioja, ahora Neuss podría apuntar al negocio del transporte de gas y de energía eléctrica. Según las versiones que circulan en el ámbito energético, su mira estaría orientada hacia TGN (Transportadora de Gas del Norte) y Transener, la transportista eléctrica más grande del país cuyo manejo es compartido actualmente por el grupo Mindlin, Electroingeníeria, Enarsa y la ANSES.
Más allá de sus inversiones y negocios, Neuss sigue involucrado en la prolongada causa judicial donde se investiga el supuesto pago de soborno y multimillonario fraude al Estado que se habría registrado con la concesión del espacio radioeléctrico a Thales Spectrum (TSA).
Suscripto por Carlos Menem al inicio de su gobierno, el contrato con TSA fue dado de baja en los primeros meses del gobierno de Néstor Kirchner, luego de un duro informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) que había dado cuenta de un perjuicio al Estado superior a los $ 300 millones.
La investigación judicial que se abrió por ese tema derivó en un fallo de primera instancia que había dejado procesados a Neuss, Menem, Germán Kamerath, Roberto Catalán, Alejandro Cima, Alberto Gabrielli, Matías Bourdieu, Juan Carlos Cassagne, Patricio Feune de Colombi, Luis Alberto Romero, Roberto Uanini, Juan Francisco Arancedo y Hugo Jorge Zothner.
Tras llegar las apelaciones a la instancia de Casación, en junio de 2011 la Sala IV integrada por los camaristas Augusto Diez Ojeda, Mariano González Palazzo y Gustavo Hornos revocó los procesamientos y dejó sin efecto los millonarios embargos dictados sobre los bienes de Neuss, Kammerath, Cima y Cassagne.
Ante ese fallo, la Oficina Anticorrupción presentó un recurso extraordinario para llevar el tema ante la Corte y en 2012, la Procuración General de la Nación emitió un extenso dictamen consignando que la concesionaria TSA había obtenido una rentabilidad superior al 150% que le causó al erario un perjuicio superior a los $ 320 millones.
En abril de 2014, la Corte Suprema –con el voto mayoritario de Lorenzatti, Highton, Fayt y Maqueda y la disidencia de Zaffaroni y Petrachi–dejó sin efecto los sobreseimientos.
El máximo tribunal consideró que fueron dictados en forma arbitraria y sin tener en cuenta las pruebas reunidas en el expediente. Así el caso volvió a manos del juez federal, Sergio Torres para que reabra la investigación y ordene nuevas medidas de prueba.
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QUE GUACHO NO TIENE CORAZON