En pleno tratamiento del proyecto que busca un nuevo marco regulatorio para las empresas estatales, los diputados Marta de León, Inés Brizuela y Doria y Walter Cruz denunciaron la “inconsistencia” de la información que enviaron desde Casa de Gobierno, para que sea analizada por los diputados.
Tras analizar la documentación, la presidenta del bloque Fuerza Cívica Riojana, De León, ratificó que “no existe información pública sistematizada sobre éstas empresas, es decir que existe un desmanejo alarmante de miles de millones de dineros públicos, la improvisación es total, no hace más que ratificar nuestra sospecha de que ni siquiera ellos saben qué se invirtió, dónde y cuándo”.
“Después de haber superado todas las maniobras que desplegaron desde la misma Cámara para obstaculizar la entrega de la documentación enviada por el Ejecutivo, nos damos con que la información remitida en respuesta al pedido de Informe sobre las SAPEM fue incompleta e parcial”, cuestionó.
Pedido de informe
Por su parte, Brizuela y Doria explicó que lejos de satisfacer los puntos solicitados en el pedido de informe (monto invertido, balances de las empresas, resultados del giro comercial, nómina de empleados, constancia de aportes), “el gobernador sólo envió copia de actos administrativos de creación, contratos constitutivos, y en algunos casos, unas pocas actas de asambleas, y solo de algunas de las empresas del Estado, no todas”.
Luego desmintió al responsable de la administración de las SAPEM, Juan Luna Corzo: “dijo que no, y en varios casos figuran diputados como responsables o integrantes de los directorios de las empresas, y un caso paradigmático es EMSE, donde el diputado Luis Bernardo Orquera es designado director en el mismo decreto de creación”.
Nuevo marco regulatorio
Sobre el proyecto que se tramita en comisión, Cruz señaló “la tan mentada ley para “atraer” inversores privados, generará todo lo contrario: ahuyenta futuros inversores, porque no crea ninguna figura innovadora a las ya previstas por las leyes nacionales vigentes, como las figuras de colaboración empresaria, unión transitoria, constitución de fideicomisos”.
También cuestión que la creación del “Registro” de empresas productivas, genera condiciones más gravosas, “¿qué inversor privado vendrá a invertir en una Provincia que en lugar de incentivar, crea más obligaciones en cabeza de las empresas?”, se preguntó.
Finalmente anticiparon que no acompañarán la aprobación de la modificación del marco regulatorio tal como pretende el oficialismo, porque “no renunciaremos a nuestra responsabilidad de controlar previamente estas operatorias”. Esta ley, anticiparon “tiene el único objetivo de entregarle al Gobernador un cheque en blanco para que decida cómo, cuando, qué, a quién y a cuánto vender las empresas productivas, sin ninguna limitación y lo que es peor: sin previa autorización”.
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