Según el ritmo actual de pagos, harían falta entre 20 y 23 años para que el Estado logre cancelar el stock de juicios de los jubilados. Esto se debe a que mientras las demandas judiciales suman más de 600.000, el Gobierno está cancelando solamente entre 25.000 y 30.000 juicios por año. Y esto sin tomar en cuenta que todos los meses ingresan más demandas que agregan unos 90.000 nuevos juicios por año.
Estos números salieron a relucir ahora porque figuran en el informe sobre la ANSeS que días atrás dio a conocer la Auditoria General de la Nación. En ese informe -que corresponde a 2011- se señala que “el inventario de juicios a cancelar se obtiene de la base total de los reclamos realizados por jubilados y pensionados contenidos en el Sistema de Causas Judiciales: 577.686 registros”.
Luego de esa fecha, durante 2012 y en lo que va de 2013, ingresaron en los Tribunales de la Seguridad Social 133.654 nuevas demandas de jubilados, en tanto la ANSeS canceló 43.191 sentencias.
De aquí se desprende que el stock de juicios sumaria ahora 668.149.
No obstante, la ANSeS dice que el stock de juicios es un poco más bajo aunque en torno a estas cifras se planteó una controversia entre el oficialismo y la oposición sobre la cantidad real de demandas.
En el cálculo de los 20 a 23 años incide que la ANSeS tiene un cupo limitado para el pago de sentencias que se determina cada año en el Presupuesto Nacional. En el de este año la partida para sentencias es de $ 4.015 millones –lo que alcanza para cancelar entre 25.000 y 30.000 sentencias ya que en promedio el pago de las retroactividades que marcan las sentencias rondan los $ 140.000. Y otros $ 635 millones para sentencias correspondientes a retirados y pensionados de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad.
Los juicios duran en promedio 8 años, aunque muchas demandas se extienden porque las sentencias de primera instancia son apeladas por la ANSeS. En los últimos años entre el 60 y 65% de las sentencias de reajuste de haberes fue apelada por la ANSeS. Muchas veces, entre el trámite, la sentencia y la liquidación efectiva, el juicio se prolonga tanto que excede la expectativa de vida de los reclamantes. A eso se agrega que, en muchos casos, la ANSeS liquida mal la sentencia, lo que luego obliga a iniciar un nuevo juicio.
Luís Herrero, juez de la Cámara de la Seguridad Social, le dijo a Clarín que, por esas apelaciones, “hay 70.000 causas en trámite en las tres Salas de la Cámara y 50.000 ya sorteadas o en condiciones de sorteadas que no pueden ingresar a dichas Salas por falta de espacio físico y se depositan provisoriamente en el edificio de Lavalle 1441”. Herrero califica este estado de cosas como “privación de justicia” para los jubilados..
Si bien siempre hubo reclamos judiciales de los jubilados, los fallos de la Corte Suprema incrementaron las demandas porque ratificaron que la ANSeS no cumple con lo que fijan las leyes previsionales. Y el veto presidencial a la ley sancionada por el Congreso -que contemplaba el 82% y el reajuste de los haberes de acuerdo a los fallos de la Corte, aunque sin la retroactividad- volvió a incrementar la litigiosidad.
Así, aunque la ANSeS apele, el jubilado demandante sabe que finalmente la Corte Suprema terminará por aprobar su demanda porque la mayoría reclama lo mismo que Badaro, Eliff, Gemilli y tantos otros fallos del Alto Tribunal.
Sin embargo, esto obliga a cada jubilado a iniciar una demanda. Por eso, y dado que existe jurisprudencia de la Corte favorable a los jubilados, la Defensoría del Pueblo reclamó que la Justicia extienda a todos los jubilados y pensionados –hayan iniciado o no un juicio– los reajustes que surgen de doctrina. El reclamo llegó hace tiempo a la Corte Suprema que debe resolver este reclamo.
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