«Estamos ante una clara infracción de la ley 24.051 [de residuos peligrosos], por encontrarse acreditada la contaminación en los ríos Potrerillos, Jachal, Blanco, Palca y Las Taguas, en virtud de hallarse sustancias tóxicas fuera de la reglamentación», sostiene el informe, que fue elaborado por la División Operaciones del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA).
El estudio había sido encargado por la justicia federal, que investiga el derrame y la posible responsabilidad de funcionarios públicos nacionales que debían encargarse de controlar a la empresa en materia ambiental.
La causa está radicada en el juzgado de Sebastián Casanello, que delegó la investigación en el fiscal Ramiro González. Además de ser el fiscal de este caso, González es el titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (Ufima), la única fiscalía especializada en la materia.
El informe de la PFA, al que accedió LA NACIÓN, fue presentado a fines del año pasado, pero hasta ahora no se conocía. Ayer, este diario se comunicó con voceros de Barrick, que no quisieron hacer declaraciones. Sostuvieron que no estaban al tanto aún del contenido del peritaje.
De acuerdo con este informe, «todas las muestras analizadas, ya sean líquidas o sólidas, evidenciaron presencia de cianuro total»; en algunos casos, por encima de los valores máximos permitidos por la ley. Lo mismo pasó con otros metales pesados. Además, se identificó «una excesiva concentración» de sales y cobalto en el agua de red domiciliaria.
«Para responder si la dosis existente es inadecuada para el consumo, debería consultarse con un profesional médico», advirtió el peritaje. Como consecuencia, el fiscal acaba de pedirle a la Facultad de Medicina de la UBA que analice las muestras de la red domiciliaria de Chinguillos y Agualasto (donde se detectó exceso de sales y cobalto) y dictamine si estas concentraciones «pueden resultar dañosas para la salud» de la gente. También citó a declarar al jefe de Delitos Ambientales de la PFA.
Junto con este estudio, el juez encargó además otro, en paralelo, al Instituto Nacional del Agua (INA), que usó parámetros propios y obtuvo resultados menos categóricos. En ningún momento afirmó -como sí lo hizo la PFA- que se hubiera violado la ley. Los especialistas del INA también fueron citados. El año pasado, un informe de la Universidad Nacional de Cuyo ya había advertido contaminación. El gobierno sanjuanino denunció entonces que ese estudio escondía una campaña «dañina» del gobierno de Mendoza.
La más fuerte de las conclusiones del informe de la PFA es la última, que sostiene: «En la presente investigación, la matriz (agua) se encuentra afectada por estar presente en ella contaminantes peligrosos por fuera del rango legislado, lo que constituye una amenaza seria para su diversidad biológica». Y termina: «El volcar efluentes fuera del rango legislativo es considerado evacuación contaminante, por tal motivo el haber descubierto constituyentes peligrosos por fuera de los valores establecidos para la preservación de la vida acuática, constituye una clara infracción a la ley 24.051 en este caso».
En simultáneo con esta causa, la justicia de San Juan investiga también el derrame. La Corte deberá decidir dónde quedará el caso.
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