La polémica estalló en la villa sanagasteña luego de conocerse que una mayoría de concejales que responden al intendente José Aparicio aprobó de forma “exprés” una ordenanza determinando la donación, aparentemente con el único cargo de comenzar los trabajos en un plazo de cuatro meses.
El legislador provincial anticipó que denunciará en la justicia y también en el ámbito legislativo el proyecto “Sanagasta Country Club”.
La donación de tierras ubicadas al ingreso de la villa a la empresa Lince SRL para llevar adelante un presunto emprendimiento turístico habitacional “se trató sobre tablas, en no más de 12 minutos”. Según detalló, en “una ordenanza de seis artículos, muy vacía, sin proyecto adjunto, solo figura la nomenclatura, desconociéndose la dimensión del terreno”.
Para configurar la donación, Sbiroli sostiene que los autores “después le agregan un cargo muy tramposo, con un plazo de ejecución de obras en cuatro meses, para que con cualquier mejora o ingreso de maquinaria en la propiedad en ese término el requisito ya se considere cumplido y los terrenos queden automáticamente para la empresa”.
Uno de los aspectos que más llamaron la atención del legislador y de los concejales Patricio Vázquez y Horacio Manghesi, quienes también se oponen a la iniciativa, es que la firma beneficiaria “fue inscripta el 30 de abril pasado, hace 50 días, con dos socias, madre e hija, de 38 y de 22 años respectivamente, esta última estudiante de arquitectura”. Se trataría de Elizabet Atencio y Rocío Bazán; en tanto, los inversores que financiarían las obras aún se desconocen.
Sbiroli resaltó que una de las socias “afirma en un audio que no se trata de ningún proyecto turístico, sino un barrio privado denominado Sanagasta Country Club”. Se presume que con esa objeto se llevaría adelante “la construcción en fideicomiso de viviendas, con la venta de lotes a gran precio”.
Según el diputado, la noticia “conmocionó al pueblo” que se unió “sin banderías políticas” para rechazar lo dispuesto por el oficialismo departamental. “Se hizo una recolección de firmas y 600 vecinos apoyan la investigación y solicitan que se derogue la ordenanza, dejándose sin efecto el proyecto”.
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