El decreto de Macri, muy comentado en redes sociales, dispone recortar el presupuesto del Ministerio de Educación y de la nueva Secretaría de Salud nacional, área de Niñez y Adolescencia, para reforzar las partidas del Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, en concreto la Policia Federal. El desfinanciamiento de Educación y Salud recibió repudio generalizado.
Tras oficializar la rebaja en la importancia que le brinda a Ciencia, que la degradó de Ministerio a Secretaría, el Gobierno le recortó su presupuesto. Lejos de construir 3.000 jardines de infantes, también le quitó dinero a la educación y a la Comisión de la Niñez. A cambio, amplió los fondos de las Fuerzas Armadas, a cargo de Oscar Aguad, y las de seguridad, que maneja Patricia Bullrich. En total, la Casa Rosada amplió el presupuesto en $ 42.000 millones.
En la decisión administrativa 1605/2018, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, desfinanciaron las carteras que no priorizan y abultaron las encargadas de la represión. El mayor recorte que se desprende de las 169 planillas anexas en el decreto se vincula a la educación, que dejó de contar con $ 1.666 millones.
Dentro de las obligaciones a cargo del Tesoro, el Ejecutivo le quitó $ 1.638 millones a la asistencia social que le entrega a las universidades nacionales. De estos, $ 946.170.394 eran transferencias del Tesoro a las casas de altos estudios que no llegarán y $ 692.593.432 eran por créditos internos.
El monto que en los papeles les envía a las universidades ya no el Tesoro, sino el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, fue achicado por los funcionarios en $ 27.424.650, pertenecientes al Fondo Nacional de Incentivo Docente y Compensaciones Salariales (FONID). Al mismo tiempo, el titular de la cartera que se niega a cumplir con la paritaria nacional docente recibió una ampliación de $ 15 millones para transferencias a instituciones de enseñanza provinciales.
El segundo sector más afectado es el de la ahora Secretaría de Ciencia y Tecnología, a la que le quitó $ 400 millones. A la ex cartera que administra Lino Barañao le redujo $ 53.000.000 previstos para actividades centrales, principalmente para actividades científicas o académicas.
La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) fue la más golpeada dentro de esta jurisdicción, a la que le sacaron $ 200 millones. El programa de Generación de Ciclos de Información Espacial Completos fue desfinanciado en $ 111.599.988, ya que le eliminaron $ 69.293.477 al proyecto de Misiones Satelitales (Etapa III) y $ 42.306.511 al proyecto de Desarrollo Integral del Sector Espacial Argentino (Fase I). El proyecto de Construcción de Inyector Satelital para Cargas Útiles Livianas, perteneciente al programa de Investigación y Desarrollo de Medios de Acceso al Espacio, fue podado en $ 100.400.012.
Además, al programa de Formulación e Implementación de la Política de Ciencia y Tecnología le sacaron $ 97 millones, cuyo 80% se explica por el menor monto para libros y revistas del sector. También le quitaron $ 50 millones a los préstamos a largo plazo al sector privado para la promoción de actividades científicas.
El Gobierno también decidió meter mano en los fondos para Políticas Federales para la Promoción de los Derechos de Niños y Adolescentes. De allí reasignó $ 2,8 millones, de los cuales $ 2.411.262
estaban destinado al mantenimiento y reparación de edificios.
Por el contrario, usó este dinero y un adicional para mejorar la contabilidad de las Fuerzas Armadas y del Ministerio de Seguridad, además, de obligaciones con diversos organismos internacionales.
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