Según la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), solo en lo que va de 2024 se perdieron más de 120.000 puestos de trabajo en el sector. Las consecuencias son dramáticas: pequeñas y medianas empresas al borde del cierre, provincias enteras sin actividad, y miles de familias arrojadas a la pobreza.
Alarmante
La Rioja es uno de los casos más alarmantes. Desde diciembre, el empleo en la construcción cayó un 62,9%, con más de 12.000 trabajadores —entre registrados y no registrados— que quedaron sin ingresos. Asi Lo confirmó Sebastián Di Fiori, interventor de la UOCRA en la provincia: “El daño al sector es irreparable”. De 15.000 trabajadores registrados en 2022, quedan apenas unos pocos miles. Hoy, apenas una obra pública sigue activa: la rotonda de El Chacho, con solo 20 obreros trabajando “a contrarreloj”.
Detrás del relato oficial de la transparencia y la eficiencia, lo que se esconde es una política de tierra arrasada. Las deudas del Estado con contratistas superan los 400.000 millones de pesos, y las promesas de reactivar 16 obras en la provincia no pasaron del anuncio. Mientras tanto, los salarios en negro siguen estancados en niveles de 2022, en un contexto de inflación que multiplica la desigualdad.
La obra pública no es un gasto: es inversión. Es trabajo, es inclusión, es desarrollo. Por eso, este 22 de abril no es solo una fecha simbólica, sino un llamado urgente a repensar el rumbo. Es tiempo de recuperar políticas públicas que prioricen el empleo, reactiven la economía y devuelvan la esperanza a los trabajadores y trabajadoras que hoy ven con angustia cómo se desmoronan sus vidas, ladrillo por ladrillo.