La aceptación de la renuncia de la jueza de Chilecito, Virginia Illanes Bordón, por parte de la Cámara de Diputados de La Rioja desató una fuerte polémica judicial y política. El abogado querellante en las causas penales contra la ahora exmagistrada, David Calipo, calificó la decisión legislativa como una muestra de «cobardía institucional» y confirmó que pedirá la detención inmediata de la exfuncionaria al haber perdido sus fueros.
En diálogo con Medios Provincia, Calipo no ocultó su indignación ante lo que consideró un «salvoconducto» otorgado por el poder político para evitar la destitución pública de Illanes Bordón. «Estoy muy desilusionado de esta complicidad institucional. Se acepta la renuncia en el marco de una investigación que contaba con un cúmulo probatorio muy extenso y muy firme que justificaba la remoción», sentenció el letrado.
Un «salvoconducto» para evitar la inhabilitación
El punto central de la crítica radica en que, al aceptarse la dimisión, se interrumpe el proceso de Jury de Enjuiciamiento, permitiendo que la exjueza se retire sin la sanción de inhabilitación para ejercer cargos públicos. «Le otorgaron un salvoconducto para que se pueda ir por la puerta grande. Mañana la vamos a tener dando clases en la universidad o ocupando cualquier cargo público porque la provincia de La Rioja se lo ha permitido», advirtió Calipo.
El abogado fue tajante al describir la maniobra como una burla a la sociedad de Chilecito. Según su relato, Illanes Bordón, quien llevaba un año y medio de licencia psiquiátrica cobrando su sueldo, habría festejado la decisión: «Alegó un montón de enfermedades y el día de ayer salió casi en una caravana a festejar que era libre. Es un mamarracho».
Pedido de detención y futuro judicial
A pesar de la frustración por el cierre de la vía política, Calipo adelantó que la batalla judicial continúa con mayor intensidad. Al perder su investidura, Illanes Bordón pasa a ser una ciudadana común, lo que habilita nuevas medidas en la causa penal donde se la investiga por presuntas irregularidades y transferencias bancarias sospechosas.
«Vamos a solicitar que se libre la orden de detención correspondiente. Los delitos acusados y por los cuales está procesada justifican esta petición», afirmó el querellante. Y agregó: «Imagino que así como detienen al ciudadano de a pie, irán a hacer lo mismo con la exmagistrada».
Críticas al poder político
Calipo también apuntó contra los legisladores y funcionarios que avalaron la renuncia, sugiriendo que existió un acuerdo para evitar costos políticos mayores. Hizo notar la ausencia de ciertas autoridades durante la votación: «No van a pagar el costo político de hacer algo que está mal, por eso eligieron levantarse».
Para cerrar, el letrado reflexionó sobre el mensaje que esta situación envía a la sociedad riojana: «La justicia siempre golpea al más débil. Cuando tenés que ir en contra de un poderoso que ha cometido errores, siempre le otorgan algún tipo de salvoconducto. Es frustrante».
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