“Esto no es una telenovela”, fue el mensaje que el fiscal de Estado Provincial, Gastón Mercado Luna le dio al ex presidente de la SAPEM, José Luis Bellia. Le recomendó “estar más preocupado en que los comprobantes corroboren su diligente obrar, que en conseguir testigos”, además de recordarle que “el director de una empresa no puede hacer con el dinero de la firma lo que quiera. Debe usarlo en las actividades específicas para cumplir con el objeto social de la empresa y con las normas vigentes, y no en aquellas que no hacen a tal fin y que además importan un desmanejo de recursos”.
Siguen apuntando hacia los “importantes descubiertos bancarios, deudas fiscales impagas, colocación de dinero en una mutual, actas en blanco, y estados contables aprobados por el directorio pero que no exteriorizan adecuadamente dichas colocaciones de fondos improcedentes”.
Insisten que “se buscaba ocultar dicha información”, y que “ni los medios ni el ciudadano común están en condiciones de conocer el desenlace hasta tanto no se pronuncie la Justicia”. El problema, según Mercado Luna, es que Bellia trata de “confundir a la opinión pública”.
La cuestión es que la causa contra José Luis Bellia avanza con rapidez y al mismo ritmo que las denuncias mediáticas de las partes: “Una de las acusaciones a Bellia, es que vendió tomates a Agroandina como productor; queremos preguntar si el gobernador y su esposa son titulares de la finca ‘La Seis’; si fuera así, estaría violando la ley de Ética Pública, porque Bóveda y Fuentes Oro declararon que ‘La Seis’ vendió tomates a la empresa”, afirmó la defensa del ingeniero en alusión al rechazo de los casi 50 testigos.
Para el fiscal de la provincia “de poco le sirven los testigos si existen salidas de fondos sin comprobantes, si los libros contables están en blanco o no reflejan la realidad. La pericia y los libros de la sociedad demuestran exactamente lo contrario. No se me ocurre que los testigos van a llenar los registros que están en blanco o bien contabilizar adecuadamente las operaciones o conseguir los comprobantes ausentes”.
Aseveran que “una de las acusaciones que le hacen a Bellia, justamente recae en que llevaba una administración sin pautas de control, improlija, precaria y deficiente”, y ambas partes dicen pretender “dejar acreditado cuál era la operatoria que tenía todo el movimiento administrativo y comercial de Agroandina en la gestión del ingeniero Bellia”.
Por un lado la Justicia otorga y por el otro, quita
Según informó el juez de Instrucción Alberto Carrizo “se dio lugar al pedido de sustitución de la medida de cautelar que pesa sobre el patrimonio de José Luis Bellia. No podía operar ninguna cuenta bancaria, es decir, estaba inhibido para manejar cualquier tipo de cuenta bancaria, como también de disponer de sus bienes muebles e inmuebles. Esto significaba una situación gravosa para el imputado”.
Por el momento, esa situación cambió: “Hemos considerado que era suficiente con los bienes inmuebles que ha aportado en garantía del proceso, por lo que hemos hecho lugar a sustitución. Una vez que se encuentre acreditado en el expediente el cumplimiento de la medida, es decir, el embargo preventivo de 3 o 4 inmuebles que ha puesto el señor Bellia, recién daremos la orden del levantamiento general”, aseguró el juez.
En otra arista, el fiscal Diego Torres Pagnusatt informando que este lunes por la noche notificó a las partes que “los testigos ofrecidos por el defensa de Bellia que rondaban entre los 50 y 60, desde la Fiscalía se estimó abundantes y que no estaban relacionados con el manejo administrativo y la toma de decisiones en la empresa Agroandina en la gestión de Bellia y la contadora Artola”.
Indicó que sólo dejaron a algunos testigos que estaban con audiencias fijadas y que “el resto de personas ofrecidas por la defensa fueron dejados sin defecto o rechazados hasta que se acredite la oportuna pertinencia y relación con los hechos investigados”.
Así, la larga lista que la defensa de Bellia presentó fue reducida notoriamente: Sólo 14 testigos, de los casi 60 ofrecidos, entre los cuales estaba incluido el gobernador y varios miembros de su gabinete. Javier Tineo y Alberto Paredes Urquiza aún permanecen en ese listado, no así Ricardo Guerra y Beder Herrera que “han sido excluidos por el momento de prestar declaración testimonial por informe como lo marca la ley”, según precisó el fiscal. También, mencionó a proveedores y empresas entre los demás testigos rechazados: “Ofrecen como testigo a una persona jurídica, por ejemplo una empresa que tiene un nombre de fantasía como MyJ pero no identifican quién es el responsable, y recordemos que las personas jurídicas no pueden atestiguar, tiene que ser persona física”.
Mayo de 2012, el gobernador difundía orgulloso por medios nacionales, la administración de Bellia.
Como era de esperarse la defensa de José Luis Bellia puso el grito en el cielo. “La Justicia está cercenando el derecho de defensa que tiene cualquier acusado, en este caso el señor Bellia. Estamos ante una situación de indefensión. Creemos que es una afectación muy seria al derecho de defensa”, expresó contundente el abogado Gustavo Galván.
“Fuimos notificados de que el señor juez de Instrucción Alberto Carrizo, no hizo lugar a la nómina importante de testimonios presentada por esta defensa. Allí se encontraba el nombre del gobernador, ministros, diputados, actuales secretarios, proveedores, contadores y demás”, insistió el letrado remarcando también que “la defensa tiene la plena libertad de proponer no sólo los testigos que se crean necesarios, sino también todas aquellas pruebas que sirvan para hacer caer la acusación”.
Según el abogado de Bellia, el argumento de la Justicia de Chilecito es que “nosotros no hemos acreditado la pertinencia, es decir cuál es la importancia de esos testimonios para el esclarecimiento de la causa”.
Para Galván “es una medida totalmente injusta”, por ello anticipó que este viernes presentarán el respectivo recurso de apelación, insistiendo que “no corresponde que se limite el derecho de defensa y tenemos la amplia facultad de proponer todos los testigos que se considere y que sean conducentes para llegar a la verdad de los hechos”.
Sobre el caso puntual del gobernador y los funcionarios provinciales excluidos, ratificó que “el juez consideró que el gobernador o los ministros no van a aportar nada y realmente estamos muy preocupados por esa medida porque es arbitraria. Espero no llegar a decir que esto responde a otros intereses…”.
“No puede no tener importancia la declaración del gobernador siendo el principal responsable de la administración pública y del erario de los riojanos. Él participó en la parte gestacional de Agroandina, la consideró la nave insignia e hizo hasta teleconferencia con la Presidente de la Nación. ¿Cómo puede ser que no sea de interés para la causa lo que diga el gobernador?”, cuestionó el reconocido abogado.
Explicó que ahora “la Justicia dice que si se quiere que vaya el gobernador a declarar, que nosotros como defensa tenemos que acreditar la pertinencia, tenemos que justificarle al juez mediante un escrito cuál es la importancia de que declare el gobernador o que declare el ministro de Hacienda que era quien autorizaba los envíos de dinero, que tenemos que acreditar por qué deben declarar los contadores Magneto y Brígido los que hacían a veces las auditorías externas, tenemos que acreditar por qué tienen que declarar los que firmaron el balance o por qué los proveedores como el señor González o Mantovani deben declarar”.
De no “destrabarse esta cuestión”, la advertencia fue terminante: “Iremos al Superior Tribunal de Justicia o a la Corte Suprema de la Nación porque esto es un hecho grave”, subrayó.
Por su parte Bellia disparó que “de los 36 meses de mi gestión hay dos balances realizados por Bellia, en tiempo y forma, uno aprobado por el socio mayoritario, y el otro confeccionado y aprobado por el Consejo de Ciencias Económicas, ahora la empresa está funcionando sin balances”.
En contraposición a las permanentes aseveraciones de Bellia, el recordatorio del fiscal fue demasiado claro: “Se trata de delitos de naturaleza económica, de fraudes, otorgamientos de actos indebidos, balances falsos y deficiencias en la administración. ¿Y cómo se comprueban? Con documentación. Porque los testigos pueden haber visto cómo se hacían ciertas cosas, que se producía tomate, cómo se envasaba, cómo se empaquetaba o con qué comercios o supermercados colocaban los productos… pero no pueden dar cuenta de los comprobantes de pago, si estaban llevados en regla y en forma, los libros contables, el libro de asamblea, si las decisiones se tomaban por asamblea, el directorio y si existía como marca la ley, la auditoría externa. Hasta ahora surge que un estudio contable la llevaba pero no auditores externos definidos como dice la ley”.
“El gobernador miente, conocía todo lo que hice administrativamente en Agroandina. Tengo una gran sorpresa al escuchar los planteos que hizo, pero yo puedo mostrar lo que recibí y lo que hice”, dijo tiempo atrás.
Las dudas siguen, las irregularidades también. Los papeles no aparecen y en medio de acusaciones mediáticas, hasta rechazan a “importantes” testigos. Un juicio penal a quien durante años comandó la “nave insignia”, mientras sigue atacando con todo: “Entiendo que el gobernador a través de una de sus sociedades era una de las que aportaba y entregaba tomate a la empresa…».
En la vereda de enfrente, la Justicia advirtiendo: “Que los libros de actas estaban incompletos, en blanco… son irregularidades que se han puesto de manifiesto en el dictamen fiscal y tendrá que ser desvirtuado y hasta el momento la defensa no lo hizo” (fiscal Torres Pagnussat).
Fuente: Diario Chilecito
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