La nota completa de Infobae:
Por Omar Lavieri
Alejandro Muszak, quien encabeza la fintech, debe declarar como imputado en un caso por estafas reiteradas. La fiscal Mónica Cuñarro se opuso a la solicitud de su defensa
La fiscal de Instrucción Mónica Cuñarro se opuso al pedido que hizo Alejandro Muszak, el CEO de la Fintech Wenance, para que se suspenda su indagatoria en un caso en el que está imputado por estafas reiteradas de las que fueron víctimas personas de bajos recursos que pidieron préstamos en la empresa financiera.
La fiscal había solicitado la indagatoria de Muszak y de otros integrantes de la empresa porque comprobó que desde allí se otorgaron préstamos a personas que no calificaban para obtenerlos en el sistema bancario, y les cobraron intereses significativamente más altos que los bancos. Además, en la acusación, se explicó que incluso después de que los préstamos fueron cancelados, la empresa continuó debitando dinero de las cuentas de los clientes, en algunos casos hasta agotar los fondos de los afectados.
Ante el pedido de la fiscal, el juez Alberto Baños fijó las fechas de indagatorias para la segunda semana de agosto. Además de Muszak, fueron citados Santiago Hardie, Gustavo Molas y Paola Vallone, integrantes de la empresa. Para la fiscal, ellos integran una organización criminal que cometió delitos al menos desde 2016.
Los imputados pidieron la suspensión de las indagatorias debido a que habían hecho acuerdos de mediación prejudicial civil con varios de los denunciantes de los hechos por los cuales deben ser indagados. A partir de esos acuerdos, pidieron que se les acepte el instituto de la conciliación o reparación integral del daño que avala la extinción de la acción penal luego de un acuerdo económico entre víctima y victimario.
La fiscal se opuso a la suspensión de la indagatoria por varias razones. Una de ellas es que los acuerdos firmados en las mediaciones no son aplicables de manera directa a la causa penal. Se deben presentar las partes en la causa penal en una audiencia oral en la que se esgrimen los términos del acuerdo.
Cuñarro también se opuso porque los acuerdos presentados en los casos que están sumados al expediente se hicieron por cifras “irrisorias” que no tienen relación con los montos por los cuales fueron perjudicados los que fueron estafados. Además, la fiscal calificó al pedido de suspensión de la indagatoria como “dilatorio”.
Las empresas del grupo Wenance, que operan bajo nombres de fantasía como Presto, Más salario, Mango o Luquitas, atraían a personas a través de anuncios y redes sociales. Los préstamos generalmente se destinaban a pagar deudas o alquilar inmuebles y eran de pequeñas cantidades pero con enormes intereses. La empresa otorgaba el préstamo de inmediato y casi sin requisitos, ya sea en efectivo o mediante transferencias a las cuentas de los clientes. Para cobrar, realizaban débitos directos de las cuentas de los clientes, en algunos casos continuando los débitos incluso después de que la deuda había sido cancelada.
Entre los argumentos por los cuales Cuñarro se opuso en un dictamen al que accedió Infobae a través de fuentes judiciales, la fiscal señaló que: “No puede desconocerse que los perjuicios económicos producto de las diversas maniobras que en principio describió esta Fiscalía, consisten en haber integrado una organización criminal -en la que no se descarta la intervención de otras personas- con la finalidad de desplegar distintas conductas delictivas contra la propiedad de manera sistemática y reiterada en el tiempo, constitutivas de defraudaciones -incluso mediante el uso no autorizado de datos, aunque lo hicieran por medio de una operación automática, a través de la cual ofrecían y otorgaban préstamos personales obteniendo una ventaja pecuniaria desproporcionada y lesionando el bien jurídico protegido. Ello fulmina cualquier acuerdo de conciliación dada las características de los hechos antes mencionados”.
Y agregó: “Y, es en medio de este contexto, que Muszak pretende ser sobreseído en esta sede al firmar acuerdos irrisorios con algunos de los damnificados particulares de estas actuaciones que se encuentran en una posición mucho más desigual y desventajosa para negociar que los inversionistas perjudicados. En efecto, al analizar las conductas atribuidas se puede observar claramente que reflejan un accionar habitual, sistemático, organizado y complejo de parte de todos los imputados que afecta, fundamentalmente, a ciudadanos que, tal como declararon en sus denuncias, en su mayoría se encontraban excluidos del sistema bancario y por ello, recurrían a préstamos personales con Wenance y, en otros casos, las víctimas ni siquiera lo habían solicitado. Y, no es un dato menor la cantidad de denuncias efectuadas en todo el país y que se acumularon a la presente causa y otras que aún se desconocen”. De hecho hace dos días un juez de Tierra del Fuego ordenó un allanamiento en la casa de Muszak
Según Cuñarro -que para la complicada y amplia investigación no tiene apoyo de unidades especializadas dela Procuración General de la Nación- las estafas de Wenance a los que pidieron préstamos se extienden por todo el país. Y también hay un conflicto con quienes invirtieron dinero en la empresa y reclaman por el retraso en los pagos de las ganancias prometidas. Muszak dio a conocer hace poco un plan de pagos para los inversores.
Wenance tiene una situación complicada con unos 3.000 inversionistas para los que anunció un calendario de pagos, pero también enfrenta un reclamo en la justicia comercial iniciado por el fondo holandés Latam Consumer que le prestó 300 millones de pesos a Wenance. En ese caso, a Muszak se le dictó un embargo millonario.
A raíz de ello, la fiscal señaló que: “Me pregunto entonces cómo se pretende que este Ministerio Público avale y convalide los acuerdos presentados cuando a todas luces surge que su única preocupación es cumplir con los compromisos asumidos con los inversionistas en medio del dictado de medidas cautelares de montos millonarios – $450.000.000, (cuatrocientos cincuenta millones de pesos)- para inmovilizar su patrimonio”.
Cuñarro, al oponerse a la suspensión de la indagatoria, explicó que “Más aún, no se cuenta aún con una certificación de la cantidad de causas en trámite tanto en el fuero civil, comercial, penal económico y federal que registra Wenance S.A y los aquí imputados en su contra y, por lo tanto, se desconoce la cantidad de damnificados y el monto concreto al que asciende el perjuicio económico ocasionado. Es decir que no es un hecho aislado de defraudación sino de maniobras defraudatorias que tienen trascendencia pública y que cobraron habitualidad, que quebrantan la paz social con graves daños económicos, pues nos encontramos ante la conformación y funcionamiento de una organización -que bajo el ´ropaje de sociedad comercial o financiera´- se halla dirigida a la concreción de las múltiples maniobras societarias abusivas y defraudatorias y que afectaron en su mayoría a personas vulnerables, jubilados, o beneficiarios de asignaciones universales por hijo, protegidos por la Constitución Nacional e instrumentos internacionales que nos obligan como parte de uno de los poderes del Estado”.
La fiscal dijo que: “Por ejemplo, y me pregunto: ¿con el correr del tiempo, podrían surgir nuevas víctimas? La respuesta es sí, por lo que, de esta manera, aceptar cada acuerdo conciliatorio implica avalar que los imputados continúen con su accionar sistemático y asuman que los delitos cometidos puedan remediarse con un sin número de conciliaciones, desvirtuándose así la función del Ministerio Público Fiscal. Es así, Señor Juez, que a la sociedad que este Ministerio representa no puede exigírsele mayores esfuerzos para beneficiar a sujetos que no solo no han comprendido los estándares mínimos de la convivencia social, la seguridad jurídica y el respeto por lo ajeno, sino que realizaron los hechos en forma organizada”.
Cuñarro sumó otro argumento para fundamentar su oposición a la suspensión de la indagatoria de Muszak debido a la existencia de acuerdos prejudiciales: “¿Una organización criminal, por ejemplo, podría conciliar y así extinguir la acción penal? La respuesta claramente sería negativa. Hace a la seguridad jurídica que las personas que cuenten con dinero puedan conciliar mientras que otros imputados en causas de menor cuantía y menor gravedad institucional no puedan porque no tienen los recursos económicos. Por ello, considero que los extremos invocados constituyen una oposición fundada, detallada y razonable en mérito de razones de política criminal como de seguridad jurídica”.
Y concluyó: “Entiendo que los motivos invocados por la defensa no solo son insuficientes sino dilatorios. Ello, toda vez que justamente la declaración indagatoria constituye la primera oportunidad de defensa de una persona, voluntaria y personal en orden a las imputaciones que se le dirigen”.
Para que un acuerdo de conciliación en una causa penal entre en vigencia, debe ser homologado por un juez y contar con el consentimiento del Ministerio Público: Cuñarro se opuso al pedido de Muszak. Tiene la palabra el juez Baños.
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