Los acontecimientos que están ocurriendo en la Ciudad Universitaria a partir de la toma de los edificios por grupos de estudiantes y profesores que solicitan la renuncia de todos los funcionarios, están llevando a una situación sin salida democrática posible. Y tampoco de carácter legal, según las prescripciones de la Ley de Educación Superior.
En una primera instancia la Asamblea mencionaba el pedido de intervención e incluso daba amplia difusión al proyecto de una legisladora radical y posteriormente, al darse cuenta de lo que ella implicaba, decidieron apartarse de esa supuesta solución establecida en la legislación vigente.
No es extraña esta actitud en grupos heterogéneos que desconocen la legalidad y se enceguecen ante promesas fantasiosas como el reparto de cargos en un nuevo gobierno, la posibilidad de revanchismo y otros efectos muy estudiados por la sociología contemporánea.
Los antecedentes de intervenciones a universidades son propios de los gobiernos dictatoriales que ha tenido nuestro país, por lo que es poco probable que un gobierno democrático aliente una situación extrema como es la intervención, máximo en una institución que acaba de tener elecciones y renovar sus autoridades hace apenas un par de meses y que no presenta antecedentes para ese tipo de medidas extremas.
La Universidad del Comahue es un ejemplo válido que demuestra que aún después de más de tres meses de acefalia y casi sin actividades debió retornar a una solución desde la propia institución ante la negativa del gobierno democrático a intervenir por cuestiones internas. Esa situación llevó a los estudiantes a la pérdida de un año completo de sus estudios y a una diáspora de profesores. Si se descarta la intervención, todas las demás posibilidades se remiten a lo que permiten los estatutos universitarios.
En el caso de la UNLaR, ante la gravedad de los acontecimientos internos que no permiten el normal dictado de clases e impiden a los funcionarios elegidos continuar con sus actividades, corresponde que se convoque a la Asamblea Universitaria, máximo órgano del sistema, para que resuelva los pasos a seguir, que pueden ser una convocatoria a nuevas elecciones, el pedido de renuncia a autoridades constituidas, etc.
Entre ambos extremos no hay ninguna otra solución legal o democrática. O se resuelven los problemas dentro de la Universidad o se la Interviene desde afuera. A la luz de las propuestas estudiantiles que se difunden a través de la Asamblea, ninguna de esas opciones se contempla, por lo que no hay solución posible. Si a esto se suma que no hay ninguna intención de diálogo, menos posibilidades de solución hay.
Por ello este grupo de profesores exhorta a todos los involucrados la más serena y sincera reflexión en torno al futuro inmediato de la Institución, respetando la legalidad y abriendo espacios de diálogo que permitan consensuar una salida democrática de esta crisis y que no menoscabe la imagen de la Universidad.
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