La jueza de Violencia de Género y Protección Integral de Menores, Gabriela Asís, respondió a través de la red social Facebook las duras críticas por liberar a Ángel Ruarte denunciado por Rocío Oliva por intentar ahogarla y violencia de género.
La jueza comenzó su respuesta diciendo que “atento lo generado públicamente, a raíz de una decisión plenamente fundada, voy a precisar algunos puntos que me parecen importantes sean conocidos”.
Asimismo, Asís precisó que “como Jueza de Instrucción mi tarea consiste en investigar un hecho denunciando y primordialmente resguardar a la víctima con medidas de protección adecuadas (primera etapa)”. Agregó que “si a raíz de la investigación, surgen elementos de prueba suficientes se dicta un procesamiento, que básicamente significa que el expediente pasará a la Cámara del Crimen (segunda etapa) y el imputado irá a juicio. Una vez concluido el mismo con sentencia condenatoria, en su caso, corresponderá la pena de privativa de la libertad”.
En tanto, explicó que “durante la Instrucción (primera etapa), la detención es una medida cautelar excepcional, porque la regla es la libertad del imputado (hasta tanto se pruebe en juicio su culpabilidad, art. 18 de la Constitución Nacional). La detención de un imputado en la etapa de la instrucción, sostenida en el tiempo, habiendo sido ya indagado y sin resolución judicial es ilegal. Y como magistrada, no puedo ir mas allá de lo que la propia ley señala”.
“Infamias infundadas”
Según Asís “el caso tan polémico y que me ha costado un sinnúmero de infamias infundadas, se encuentra perfectamente encuadrado en la ley vigente. De hecho, denegué reiteradamente el beneficio de la excarcelación, precisamente en razón de que temía el entorpecimiento de la investigación, pero una vez incorporadas todas las pruebas solicitadas, sumado a que el imputado carece de antecedentes (causa Minué dictó falta de mérito – Juzgado Nº 3), ya estaba en condiciones de acceder al beneficio bajo la modalidad de libertad vigilada”.
La magistrada explicó que “la circunstancia de que el caso tenga relevancia pública no justifica un proceder diferente o como se haría en cualquier otra causa. Pero lo más importante, fue el dictado de las medidas de protección para la víctima, se ordenaron absolutamente todas, para resguardarla con eficiencia y eficacia (entre ellas, la prohibición de acercamiento del agresor monitoreado con dispositivo electrónico de seguimiento (pulsera de geolocalización)”.
Para Asís “muchas publicaciones que se divulgaron en redes sociales y se dieron por sentadas -cual verdades absolutas-; especulaciones y conclusiones apresuradas son totalmente falsas y sin cabal conocimiento de los elementos con que cuenta el expediente (pruebas)”. Agrega que “esto comúnmente crea una brecha enorme entre lo percibido por el colectivo social y las resoluciones a las que arriba un magistrado”.
Seguidamente que eso se suma a “campaña que pretende desacreditar mi trabajo publicando un audio en el que hablo como lo hago en mi vida normal -no desde la función- sino, apasionada, disoluta y haciendo empatía con el relato de la persona”. Sostuvo que “no existe, ni existió en esta causa ningún hecho de corrupción, lo manifestado acerca de un colega se trató de un enojo personal con el mismo y de hecho, me disculpo públicamente con el magistrado mencionado. Tampoco tuve ofrecimientos directos de dinero. Si escuché a terceros ajenos al Juzgado sugerir este tipo de conductas, con miras a obtener algún resultado distinto al que prevé la ley”.
Para finalizar dijo que “al parecer, molesta y mucho que una mujer venga a poner orden. Desde que asumí, la crítica es una constante, pero estoy firme, fuerte y cada vez más convencida del camino que elegí. Mi compromiso con la lucha (la verdadera lucha) por la igualdad sigue intacto”.
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