Graciela Ledo explicó a Clarín que “esta denuncia es por violación a los Derechos a la Vida, a la Justicia y a la Verdad, especialmente por la inacción fiscal en la causa de la desaparición de mi hermano”, ocurrida en el monte tucumano en junio de 1976, cuando era asistente del entonces subteniente César Milani.
Ledo recordó que “la causa tuvo más o menos movimiento hasta agosto del 2013, cuando fue procesado el capitán Esteban Sanguinetti, jefe del escuadron donde estaban Alberto y Milani”. “Desde entonces no ha pasado nada, –agregó– a pesar de que nuestras abogadas solicitaron en tres oportunidades a la Fiscalía deTucumán que por lo menos se lo llame a indagatoria a Milani, con suficientes y extensos argumentos”.
El principal argumento es que Milani “firmó el acta falsa de la presunta deserción de mi hermano de las filas del Ejército y siendo su superior, debió haber sabido qué ocurrió verdaderamente con Alberto”.
También recordó que “esta es la segunda denuncia que hacemos ante la CIDH, pues la primera la hizo mi madre ante los miembros de la Comisión cuando vinieron a la Argentina en plena dictadura en 1978, abriéndose la causa 3518/78 y entonces, el gobierno militar respondió con el acta falsa de deserción firmada por Milani”.
Desde que se procesó a Sanguinetti –quien está cumpliendo arresto domiciliario por cuestiones de salud en Tucumán– “la causa entró prácticamente en parálisis. Ya habíamos presentado testigos que confirmaron que mi hermano era asistente personal de Milani y que éste concurría a lugares en Tucumán donde se torturaba y desaparecía gente” dijo Ledo.
“Inclusive –agregó– el propio Ejército, en aquel entonces informó que Milani cumplía operaciones antiterroristas en Tucumán o sea que no se dedicaba a reparar o construir escuelas como sostuvo después”.
Para Graciela, “la última acción de la defensa (que le pone gratis el Estado a Milani) de acusar a nuestra abogadas de hostigar a sus testigos, es con la clara intención de sacarlas de la causa y así paralizarla definitivamente”.
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