Desde un primer momento el PRO se mostró como un partido cargado de una gran cuota de publicidad, de una mayor estética que gestión, y de iniciativas más vistosas que las políticas de fondo. Esta información lo confirma.
Los reportes del legislador, Fernando Muñoz, dan cuenta de esta modalidad que se hizo común dentro del macrismo y que ahora sale a la luz en el diario Tiempo Argentino.
Desde octubre de 2014 y enero de 2015, el Ejecutivo porteño utilizó 700 veces los decretos 556/2010 y 752/2010 que permiten al gobierno de la Ciudad evitar las licitaciones públicas y demás controles sobre los gastos realizados.Por lo tanto, no fueron casos excepcionales, sino que se elevaron a la suma de al menos 230 millones de pesos, que se destinaron a servicios como ‘promotoras’, ‘fiestas regionales’, ‘provisión de frutas’ y ‘recitales’ (como el de Violetta, por ejemplo, que le costó más de 6 millones de pesos a los porteños).Recordemos que el PRO modificó la Ley de Compras y Contrataciones que rige a la hora de contratar servicios por parte del Estado porteño, y el gobierno de Macri se limitó a realizar concursos de precios entre sus proveedores preferidos, tal como ocurrió con el caso Niembro. Incluso, muchas de estas transacciones ni siquiera aparecieron en el Boletín Oficial.Luego de los casos de corrupción dentro del PRO, esta información sale a la luz y estremece a los porteños, quienes ven un gasto extraordinario destinado a publicidad, cuando hay serios problemas con la salud y la edicación dentro de los límites de la Ciudad.Muñoz aseguró que «la mayor parte de esos contratos tienen objetivos previsibles o se tratan de servicios repetitivos, lo que demuestra que el macrismo utiliza esta herramienta administrativa para evadir los controles estatales y beneficiar a sus socios empresariales».Por ejemplo, en solo 120 días la actual ministra de Salud, Graciela Reybaud, firmó 480contratos director con diferentes proveedores, por más de 119 millones de pesos. Según este informe, solo 700 mil pesos pueden considerarse casos de urgencia, el resto fueron para «compra de alimentos, insumos, prestaciones de servicio u obras edilicias completamente previsibles, que deberían haber sido tramitadas por licitación».
Desde octubre de 2014 y enero de 2015, el Ejecutivo porteño utilizó 700 veces los decretos 556/2010 y 752/2010 que permiten al gobierno de la Ciudad evitar las licitaciones públicas y demás controles sobre los gastos realizados.
Por lo tanto, no fueron casos excepcionales, sino que se elevaron a la suma de al menos 230 millones de pesos, que se destinaron a servicios como ‘promotoras’, ‘fiestas regionales’, ‘provisión de frutas’ y ‘recitales’ (como el de Violetta, por ejemplo, que le costó más de 6 millones de pesos a los porteños).
Recordemos que el PRO modificó la Ley de Compras y Contrataciones que rige a la hora de contratar servicios por parte del Estado porteño, y el gobierno de Macri se limitó a realizar concursos de precios entre sus proveedores preferidos, tal como ocurrió con el caso Niembro. Incluso, muchas de estas transacciones ni siquiera aparecieron en el Boletín Oficial.
Luego de los casos de corrupción dentro del PRO, esta información sale a la luz y estremece a los porteños, quienes ven un gasto extraordinario destinado a publicidad, cuando hay serios problemas con la salud y la educación dentro de los límites de la Ciudad.
Muñoz aseguró que «la mayor parte de esos contratos tienen objetivos previsibles o se tratan de servicios repetitivos, lo que demuestra que el macrismo utiliza esta herramienta administrativa para evadir los controles estatales y beneficiar a sus socios empresariales».
Por ejemplo, en solo 120 días la actual ministra de Salud, Graciela Reybaud, firmó 480 contratos director con diferentes proveedores, por más de 119 millones de pesos. Según este informe, solo 700 mil pesos pueden considerarse casos de urgencia, el resto fueron para «compra de alimentos, insumos, prestaciones de servicio u obras edilicias completamente previsibles, que deberían haber sido tramitadas por licitación».
0
0
