Hasta agosto de 2024, la provincia experimentó una pérdida de $106.573 millones en transferencias por coparticipación, según cifras oficiales. De este modo, se ubica entre las regiones más afectadas del país.
A este panorama crítico se suman los datos del primer trimestre de 2025, que muestran una caída intermensual sostenida en las transferencias nacionales: -16% en febrero respecto a enero, y -10% en marzo. En este sentido, según estiman desde la provincia, las proyecciones para abril no son alentadoras, lo que consolida una tendencia negativa que atraviesa no solo a La Rioja, sino también a otras provincias vecinas como San Luis o Catamarca.
El ajuste no es solo una cuestión contable: sus consecuencias son visibles en la vida cotidiana. La drástica disminución de fondos obligó a muchas provincias a implementar recortes fiscales internos, tales como la suspensión de programas sociales, obras públicas paralizadas, así como servicios esenciales como la educación y la salud que quedaron bajo presión presupuestaria. En varios distritos, incluso se reasignaron partidas para financiar programas nacionales que dejaron de recibir apoyo del Ejecutivo, profundizando el ajuste en otras áreas.
Por otra parte, el ahogo económico llevó a algunas provincias a advertir que, de continuar esta tendencia, no podrán afrontar el pago de salarios ni garantizar la continuidad de los servicios básicos. Ante este escenario, gobernadores y funcionarios provinciales manifestaron su preocupación por los fondos retenidos bajo leyes y decretos que afectan los recursos coparticipables, y reclamaron una revisión urgente de esas normativas.
Lo que está en juego no es solo la viabilidad financiera de las provincias, sino el equilibrio del sistema federal argentino. Las provincias no son meros receptores de recursos: son pilares institucionales del país, responsables de garantizar derechos fundamentales en sus territorios. El vaciamiento presupuestario las debilita políticamente y pone en riesgo la estabilidad social.
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