La voluntad en los tribunales de Comodoro Py de investigar los negocios del macrismo con empresas amigas estará a prueba a partir de una denuncia que presentó este martes la Oficina Anticorrupción, que le adjudica a la exministra y jefa del PRO, Patricia Bullrich, el direccionamiento de la compra de sistemas de seguridad para pasos fronterizos en 2016 a una firma a la que le pagó 35 millones de dólares, que eran 5 millones de dólares más que lo que ofrecían sus competidoras en la licitación, y a la que el Estado le terminó abonando también el impuesto a las ganancias por 600 mil dólares a través de un ente cooperador.
La denuncia por estafa, violación de los deberes de funcionario público y malversación de fondos no sólo está dirigida contra Bullrich, sino que también abarca al exsecretario de Seguridad Interior y actual diputado de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman, y al exjefe de gabinete, Marcos Peña.
«El monto finalmente pactado» con el consorcio Israel Aerospace Industries-Rafael SA «ascendió a USD 35.000.000, el que resultaba muy superior a los USD 28.901.000 ofertados originariamente, y superaba en USD 5.049.445 la propuesta de su competidora Aeronautics Ltd», dice la denuncia de la OA que dirige Félix Crous. La adquisición consistía básicamente en unas torres con cámaras y otras con sistemas de comunicación para captar llamadas. En un caso incluso las torres no funcionaban en Argentina porque estaban pensadas para territorio israelí y tuvieron que elevarlas. Fueron presentadas como sistemas integrales de seguridad para los pasos fronterizos de Foz de Iguazú, la Quiaca Villazón, Aguas Blancas – Bermejo y Salvador Mazza.
«El 30/12/16 Marcos Peña, Jefe de Gabinete de Ministros, suscribió la Decisión Administratativa que aprobó la contratación de IAI-ELTA/Rafael Ltd, y el gasto de USD 35.000.000, y la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich la refrendó, con el agravante de que dicho monto quintuplicaba el precio estimado por el Subdirector de Fronteras y Seguridad Regional de Gendarmería Nacional, Comandante Mayor Ramón Oscar Rendón, y que jamás respondió a una oferta concreta de las empresas ganadoras, de modo que se desconoce cómo y por qué se llegó a él», dice el texto que ahora deberá investigar el juez federal Julián Ercolini.
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