La columna completa:
Vivimos en un país federal, en el que las obligaciones y facultades de cada nivel de gobierno están consagradas por nuestra Constitución. Consecuentemente, la Carta Magna establece, en su artículo 75, las bases del sistema de coparticipación federal de impuestos, determinando que la distribución de recursos entre la Nación y las Provincias “se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas contemplando criterios objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional.”
La Ley de Coparticipación vigente en la actualidad es anterior a la sanción de la Constitución de 1994 y no cumple con este mandato. Dicha Ley fue sancionada en 1987 con carácter provisorio, estableciéndose coeficientes de distribución producto de una negociación política, a diferencia de la ley sancionada en 1974, que utilizaba criterios objetivos de reparto. La ley actual de coparticipación, cuya discusión y reforma es una de las principales asignaturas pendientes de nuestro federalismo y nuestra democracia, perjudica ostensiblemente a la Provincia de Buenos Aires. Así, desde hace décadas, nuestra provincia viene siendo discriminada y castigada en el reparto de recursos. Por eso, más allá de toda consideración adicional, no es de extrañar que en la provincia falten rutas, falten escuelas, falten hospitales, falte seguridad. Se trata de funciones que, según nuestra Constitución, las provincias tienen que atender con sus recursos, tanto de recaudación propia, como los que provienen de la coparticipación y los restantes que también transfiere el Gobierno Nacional. La provincia de Buenos Aires no es inviable, como muchas veces han intentado instalar en estos años. Lo que resulta inviable es este sistema arbitrario de coparticipación de impuestos.
En nuestra provincia vive el 38% de los argentinos. Buenos Aires genera más del 35% del Producto Interno Bruto del país y el 50% de la producción industrial. El 39% de las exportaciones de Argentina provienen de producción bonaerense. Al mismo tiempo, en la provincia que más produce, vive la mayor parte de la población vulnerable de Argentina: el 58% de argentinas y argentinos pobres y el 61% de indigentes habita en la Provincia de Buenos Aires.
El protagonismo en la producción se refleja también en la recaudación de impuestos. El 40% de los impuestos que conforman la masa de recursos coparticipables es aportada por los bonaerenses. Pero, ¿cuánto recibe Buenos Aires de esa coparticipación? Apenas algo más de 20%. La desproporción es espantosa: la PBA aporta el 40% y recibe el 20%. Esta inequidad convierte a Buenos Aires en la provincia con menores recursos por habitante de todo el país. Y esto no se debe a la recaudación propia, que en términos per cápita está en línea con el resto de las provincias, sino exclusivamente a lo poco que recibe del régimen de coparticipación federal. No hay otra explicación.
Así, la Provincia de Buenos Aires, hace décadas y décadas, es discriminada y perjudicada por el sistema de coparticipación de impuestos, es decir, por el reparto de los recursos entre la Nación y las Provincias de nuestro sistema federal. Esta circunstancia no cambia ni mejora sustancialmente cuando se suman otras transferencias que reciben las provincias por fuera de la coparticipación.
Además de la coparticipación, el Gobierno Nacional distribuye recursos entre las provincias en función de diferentes leyes, decretos y convenios. Se trata de transferencias que, aunque no son automáticas como la coparticipación son obligatorias, se someten a una forma determinada de reparto entre las provincias, y, por lo general, tienen un destino específico. Para ser claros y responder a tanta nota periodística mentirosa que se publica, nada de discrecional existe en esas transferencias. Además, estas transferencias no automáticas representan solamente un 10% aproximadamente de los fondos que reciben las provincias en conjunto. Es decir, son una parte reducida del total.
El año pasado, la Provincia de Buenos Aires recibió el 42% de esas transferencias no automáticas. ¿Puede decirse que fue favorecida? Si la PBA representa prácticamente el 40% de la población del país, pero cuenta con alrededor de un 60% de la población vulnerable de Argentina, no se entiende en qué sentido puede decirse que fue favorecida. Además, parte de esas transferencias se explicó por el pago que hizo el Gobierno Nacional de una deuda vinculada a la desactualización del Consenso Fiscal que fue firmado por 21 provincias y la CABA en 2017.
Si se toman en cuenta TODAS las transferencias, en concepto de coparticipación -automáticas- y las no automáticas, la PBA recibió algo más que 24% del total en 2023. ¿Fue favorecida? Claramente, no. Alcanza con comparar ese porcentaje con el peso de la Provincia en la población del país para comprenderlo. Es más, la realidad fue exactamente la contraria. Contando TODOS los recursos transferidos, cada bonaerense contó en 2023 con menos recursos que el resto de los ciudadanos del país. Esto viene siendo así desde hace años y años y fue así también en 2023. No hubo ningún favoritismo. ¡Basta de mentir! No existió ningún beneficio extraordinario para nuestra provincia.
La Provincia de Buenos Aires es históricamente la más castigada y sigue siéndolo en el reparto de fondos nacionales. Y esto se agrava aún más en el actual contexto porque el Gobierno Nacional cortó de cuajo prácticamente todas las transferencias obligatorias a todas las provincias, menos la coparticipación automática. Los datos lo reflejan.
De esta manera, los que luego se rasgan las vestiduras hablando de la falta de infraestructura en la provincia de Buenos Aires, de la inseguridad, de las dificultades en la atención de la salud, de los problemas de la educación, nunca cuentan que la provincia es la que menos recursos recibe por habitante y, por ende, la que menos recursos puede invertir por habitante. Además, es la segunda con menos empleados públicos por habitante después de Córdoba. El estado más chico en empleados y gastos, el más austero, es el de la PBA. Sabemos que muchos festejan cuando se gasta poco, pero no hay nada que festejar si son tantas las necesidades.
Así y todo, es mucho lo que hemos hecho con escasos recursos. En estos años de trabajo, se inauguraron más de 200 nuevas escuelas, se finalizaron más de 6.800 obras de refacción y ampliación de edificios escolares, y tenemos 162 edificios más en construcción; se construyeron más de 150 Centros de Atención Primaria de la salud, se distribuyeron más de 300 ambulancias, se finalizaron 97 obras en hospitales; se incorporaron 4.600 nuevos patrulleros; se repartieron a través del Programa Conectar Igualdad Bonaerense 168.000 computadoras; se están construyendo más de 51.000 viviendas y se terminaron más de 20.000; se realizaron mejoras en 5.200 kilómetros de rutas, 630 nuevos kilómetros de autovías, se asfaltaron 11.000 calles de tierra y se realizaron mejoras en más de 3.900 kilómetros de caminos rurales. Y podemos seguir con la lista.
Pero, como está a la vista, todavía es mucho, muchísimo lo que falta, porque son enormes las necesidades de una Provincia que hace décadas está siendo discriminada en la distribución de recursos. Cuando se comprende esto, resulta evidente que lo que plantea el actual gobierno es muy grave. Debe corregir urgentemente el rumbo. Porque la agresión no apunta sólo a la Provincia de Buenos Aires, sino a todas ellas: al mismo federalismo, centro mismo de la conformación histórica de nuestro país. Las provincias son las responsables de la educación, de la salud, de la seguridad de los argentinos que habitan en sus territorios. Además, generan valor agregado, trabajo, producción, exportaciones. Las provincias necesitan de un Estado Nacional que reconozca los acuerdos federales y las normas vigentes. Que las reconozca y, sobre todo, que las cumpla. Porque ajustar a las provincias no es atacar a “la casta”, es fundir a los argentinos.
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