En ese sentido, el mandatario provincial señaló que si bien los desalojos son medidas que no son agradables, la justicia las tomó porque son necesarias, a pedido del propio Gobierno, porque usurpar es un delito.
“Todo el mundo sabe que el gobierno provincial avanza con un programa de urbanización, les va dando lotes y casas a la gente, tengan o no dinero, y por eso es pésimo que venga esta gente, de otras provincias, a levantar estas casillas para hacer negocios con las tierras, a partir de las necesidades de alguna gente que está en situación precaria en materia de vivienda”, precisó.
El titular del Ejecutivo destacó que “a esa gente la vamos a ayudar, desde la Secretaría de Tierras se harán los listados necesarios y se coordinarán acciones para que puedan contar con lotes y viviendas en su debido momento”.
Por otra parte, el Gobernador manifestó que estas usurpaciones indignan a la sociedad, porque en esta provincia la gente se ha ordenado en los registros y accede a su vivienda de manera legal, no por usurpaciones.
El mandatario indicó que también influye, seguramente, “la política de vivienda que estamos desarrollando, pero en esto de evitar las usurpaciones vamos a seguir con mucha firmeza y tenemos el apoyo de la sociedad”.
PUY SORIA DESTACÓ LA SENSIBILIDAD Y APERTURA AL DIÁLOGO DEL GOBIERNO
El secretario de Tierras y Habita Social, Ariel Puy Soria, brindó detalles del desalojo de los ranchos que fueron emplazados en la zona conocida como La Banderita. En la mañana de este lunes recibió a quienes fueron desalojados. “No se puede permitir el avasallamiento de los bienes del Estado. En los últimos 30 a 40 días se han instalado en ese lugar ranchos para materializar una posesión que es inexistente, que en el tiempo no se hubiera podido consolidar”.
El funcionario aseguró que “en unas 10 hectáreas ocupadas había más de 130 ranchos, de los cuales el 95 por ciento no estaban habitados”. “Este un Gobierno que es sensible, estamos abiertos al diálogo. Es un Gobierno que está dando respuestas”, remarcó.
Se trata de la zona ubicada en el Acceso Sur denominada La Banderita, que comprende el espacio que hace un triángulo entre la rotonda de La Banderita, la imagen de San Nicolás, haciendo vértice en la estación de servicio ubicada sobre Ruta 38.
Respecto a lo acontecido, Puy Soria explicó que “es una zona de conflictos desde hace muchos años, el Gobierno ha expropiado la zona que es el acceso a la ciudad Capital, es un lugar que tiene un alto valor inmobiliario”. “Además hay que tener en cuenta que la idea del Gobierno es la planificación urbana sostenida en el lugar para evitar que se constituya un asentamiento irregular con carencia de servicios esenciales sin respetar las normas mínimas que tienen que ver con lo Catrastal, con lo jurídico. No se puede permitir el avasallamiento de los bienes del Estado por parte de unas personas que, en muchos casos, no son de la provincia de La Rioja”.
Respecto al desalojo, dio a conocer que “en virtud de la norma jurídica sancionada por la Cámara de Diputados se expropió el lugar. Son 17 hectáreas”. “La idea es avanzar con un proceso de urbanización para que en un futuro se puedan construir ahí unidades habitacionales prolijas como entrega el Estado, con la planificación de los servicios esenciales”, especificó.
Asimismo, señaló que “el Gobierno tiene una política pública fundamental en defensa del interés colectivo, de los bienes del Estado, tenemos que ser custodios de los mismos”. En ese sentido, recordó que “hace unos meses, frente al Parque de la Ciudad, un espacio fue recuperado y está siendo usado por la gente”. “Nuestra finalidad es el bienestar general, una premisa básica”.
“Este es un Gobierno sensible, pero también tenemos que entender que hay familias riojanas que están inscriptas, que tienen que reunir ciertos requisitos para ser beneficiados tanto de un lote con servicio, como de una casa. Entonces, no se puede permitir que vengan de otras provincias, sin respetar la ley en La Rioja y tomen el acceso a la ciudad. Me parece que esto no corresponde y la justicia ha actuado en consecuencia”, enfatizó.
De igual manera, dio a conocer que las precarias viviendas fueron instaladas “en los últimos 30, 40 días, para materializar una posesión que es inexistente, que en el tiempo no se hubiera podido consolidar”.
Por otra parte, detalló que el desalojo llevado a cabo fue selectivo. “Para los primeros poseedores que tienen consolidadas las estructuras de sus casas no está previsto el desalojo. Sí para quienes en los últimos días ingresaron al predio sabiendo que es del Estado Provincial”, informó.
Asimismo, dijo que en el predio conocido como La Banderita “había unas 10 hectáreas ocupadas con más de 130 ranchos, de los cuales el 95 por ciento no estaban habitados. Estaban armados para aparentar una situación que en la práctica de ocupación no se daba”.
“Nosotros estamos abiertos al diálogo, estamos dispuestos a hablar con cada una de las personas que tiene algún tipo de necesidad”, aseguró el secretario. Es en ese sentido, que en la mañana de este lunes se reunió con quienes fueron desalojados.
Así también, Puy Soria subrayó que “es un Gobierno que está dando respuestas”. A la vez, sentenció: “hay una política pública claramente definida. Hace más de dos años que no se daban usurpaciones en la Capital y esto obedece a una fuerte política de nuestro Gobierno de no permitir actos ilegales de esta naturaleza, además de la obra de Gobierno con las unidades habitacionales que se están entregando. Se están constituyendo de manera sistemática barrios íntegros con la finalidad de adjudicar a familias riojanas que respetan y cumplen los requisitos exigidos por la legislación vigente”.
“Tenemos dos caminos como Estado, permitir esta situación de avasallamiento, que se puede multiplicar en otros puntos, o hacer las presentaciones judiciales correspondientes para que la Justicia determine la protección de los bienes públicos. Si no actuamos estamos incumpliendo el desempeño de nuestros mandatos”, resaltó.
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