El fiscal Rául Garzón, uno de los que investiga las causas iniciadas por los saqueos ocurridos en Córdoba, en diciembre, ordenó la detención de 16 policías por la comisión de presuntos delitos cometidos durante el autoacuartelamiento, que derivó en un caos social en la provincia y generó un efecto réplica en otros puntos del país.
Los policías están imputados por los delitos de «desobediencia a la autoridad» e «instigación a cometer delitos», ya que según entiende la Justicia desoyeron las directivas de sus jefes de turno, quienes les ordenaron retomar sus funciones, e instigaron a los demás a que se sumaran a la desobediencia.
El fiscal, según informó el diario La Voz del Interior, tomó la decisión de solicitar el arresto dado que logró individualizar a cada uno de ellos a través de la geolocalización satelital de sus móviles. Además, luego de desautorizar a sus superiores, «se quitaron sus insignias para no ser individualizados».
Entre las detenciones también figura la mujer de un oficial que protestó frente la Jefatura policial provincial durante diciembre. La implicada es Adriana Rearte y está acusada de «entorpecimiento funcional». «(El arresto) se debe a una conducta puntual en la madrugada del 2 de diciembre. Junto a otras mujeres habría interceptado el ingreso y egreso de los móviles de la Guardia de Infantería», informó el fiscal esta mañana en declaraciones a Canal Doce y Mitre Córdoba.
Esta mañana, en la conferencia de prensa dada en Casa de Gobierno, Capitanich confirmó el envío a Córdoba de «mil efectivos de las fuerzas federales» como parte de un programa de «seguridad preventiva» luego de que cuatro efectivos de la Policía provincial fueran sancionados porque, en forma presunta, promovían un autoacuartelamiento nuevo. Capitanich aseveró que no se aceptarán «medidas extorsivas».
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