A Mario Taboada lo mataron en la noche del 23 al 24 de mayo de 2014. Su cuerpo fue hallado con los primeros rayos del sol en el camino al boliche El Pinar, una conocida discoteca de la capital riojana. Tenía rastros de sangre en la nariz y tres pinchazos, por lo que la conclusión de la Policía fue rápida y de manual: murió de sobredosis. Sin embargo, la autopsia arrojó que la lesión en la nariz se la produjo un anestesiante (cloroformo) y las inyecciones que recibió tenían una mezcla de ketamina y potasio, dos sustancias cuya combinación es letal. La investigación no tardó en dirigirse contra Matías Sebastián Oliva, un amigo de la infancia de Taboada que hoy sigue siendo el único detenido por el caso. Lo que nadie iba a imaginar era la compleja trama de narcotráfico y poder político que había detrás del crimen.
La madre de Taboada, Mirta Collante, lleva adelante una inquebrantable lucha para poner fin a la impunidad reinante en el expediente. En ese marco, la semana pasada se reunió con Garavano. Y ayer brindó una entrevista con el portal riojano El Federal Online, en la que denunció a varios jueces y fiscales, y ratificó lo que le había dicho a Infobae el año pasado: que a su hijo lo mataron porque ella denunció a los narcos de su barrio.
Luego de esa batería de denuncias publicadas ayer se produjo la amenaza contra el abogado Luis Carreño, que defiende a la familia Taboada. En simultáneo, atacaron su casa y su estudio, y le dejaron una amenaza explícita en el parabrisas de su auto: «Alejate de Taboada».
Collante denunció en la entrevista que desató la amenaza que el ministro de Seguridad, Claudio Saúl, dio una orden «para frenar y entorpecer la investigación, que está parada».
«A Garavano también le comenté que el juez federal Daniel Herrera Piedrabuena es amigo de los narcos que denuncié. Y también amigo del ex gobernador (Luis) Beder Herrera. Tengo datos de que hay más de 400 causas de denuncia por venta de drogas archivadas por este juez», expresó.
Cuando le preguntaron si hay más involucradas, continuó: «No quieren imputar al dueño del sanatorio INCOR porque es pariente de la fiscal Cristina Morales de Santander, quien fue la primera fiscal que tuvo la causa y que entorpeció la investigación. También está involucrado el accionar del juez Daniel Barría y de la policía de la provincia, causantes del no esclarecimiento del asesinato narco. Nunca se investigó a los narcos que denuncié. Y el comisario Juan Bautista Paredes, quien estaba a cargo de la investigación porque quería culpar a inocentes del asesinato».
«Un hermano de uno de los narcos que denuncié me dijo que su hermano era amigo de Luciano Herrera (hijo del ex gobernador), del hijo y sobrino del vocero del gobierno provincial, Luis ‘Pichi’ Zolorza, que también es amigo del fiscal federal, del ex juez Nazareno, del hijo de Puy Soria, del hijo de Raúl Chacón, como así también le dije que denuncié a un hermano del diputado Chamía», disparó.
Además, protestó porque «no quieren imputar a la ex novia del asesino, Matías Oliva, único detenido». Sobre ella, contó: «Es instrumentadora quirúrgica en el instituto INCOR, lugar de donde habría salido la medicación para asesinar a Marito; esta mujer tiene 4 declaraciones contradictorias, en su casa se encontraron medicamentos de quirófano y jeringas, ella tenía el celular de la víctima. Y además, tenía muchas deudas anteriores al hecho y después del asesinato de mi hijo, las canceló», sentenció.
Por último, subrayó que el narco que denunció «vendía remedios que sacaba de la obra social APOS, lugar en dónde era jefe de Farmacia. Le dije que era la obra social estatal y de todos los riojanos».
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