El oficialismo diseñó un temario que contempla la ley de Inocencia Fiscal II, la reforma de la Carta Orgánica del BCRA y la aprobación del tratado de patentes de medicamentos, algo a lo que se había comprometido el gobierno argentino ante Estados Unidos tras el salvataje de Scott Bessent.
Además, el riojano incluyó un paquete de normas para distinguir con atributos extravagantes a los distritos de los que son oriundos los legisladores aliados de la Casa Rosada y cuyos gobernadores detonaron la ley de tierras en el Senado. Entre esas iniciativas, la declaración de Chivilcoy como capital nacional del coleccionismo, un proyecto que pretende retener el voto del desarrollista Eduardo Falcone, la declaración de San Miguel de Tucumán como capital nacional del Ecoturismo para garantizarse el apoyo de los diputados de Osvaldo Jaldo, y la declaración de San José de los Cerrillos en Salta como capital nacional del Cerdo Negro, a la espera de que no voten en contra los tres legisladores de Gustavo Sáenz.
Frente a ese escenario, peronistas, radicales, socialistas, lilitos, legisladores de izquierda e integrantes de Provincias Unidas ultimaban al cierre de esta nota la estrategia para pedir el apartamiento del reglamento, un atajo que requiere las tres cuartas partes de los presentes y es muy difícil de alcanzar. No es la primera vez que las bancadas opositoras lo intentan y cada vez que sucedió se produjo revuelo en el recinto por la interpretación del reglamento y el número de votos necesario para saldar las diferencias: mientras que Menem exige siempre la cifra más alta, la de las tres cuartas partes, sus adversarios rescatan ejemplos de discusiones que se resolvieron votando por mayoría simple.
Otra opción, acaso más accesible, sería la de promover el emplazamiento de las comisiones que tienen que dictaminar sobre emergencia en discapacidad y endeudamiento, pero habría que esperar a la definición que se tome en el acuerdo de Labor Parlamentaria.
Fuentes del PJ comentaron a LPO que también se baraja la posibilidad de que la oposición junte la cantidad suficiente de legisladores para convocar a una sesión especial con ambos proyectos como temario. Con 129 diputados, podría iniciarse el debate pero, si las iniciativas no sacaron despacho de mayoría en las comisiones, deben conseguir dos tercios de los presentes.
El diputado Juan Marino, integrante de la bancada de UP, es autor del proyecto para prorrogar la vigencia de la emergencia en discapacidad, bajo el argumento que Javier Milei demoró su aplicación entre el veto y el incumplimiento.
El DNU 70/23 desreguló por completo la tasa de interés en Argentina, y eso generó que la tasa de interés sea usuraria, no es que sea más alta, es directamente usuraria.
Su colega Itai Hagman, impulsor de uno de los 34 proyectos contra el endeudamiento de los hogares, descontó que los libertarios tratarán de evitar que se traten. «Todo el discurso del Gobierno es: ‘nosotros no nos vamos a hacer cargo de esto'», dijo en declaraciones a Radio 10, y recordó que el DNU 70/2023 «desreguló por completo la tasa de interés en Argentina, y eso generó que la tasa de interés sea usuraria, no es que sea más alta, es directamente usuraria».
Por otra parte, negó que la iniciativa fuera «un rescate estatal a los bancos». «Nuestro proyecto y el grueso de los proyectos que están presentados, no son para salvar a los bancos. No estamos planteando usar recursos públicos para pagarle a Mercado Pago, para pagarle a los bancos la deuda de la gente. Estamos planteando una reestructuración de las deudas, donde, sobre todo las billeteras virtuales, tienen que también hacerse cargo».
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