La discusión nacional sobre la modificación de la Ley de Tierras Rurales sumó una nueva voz desde La Rioja. El fiscal de Estado provincial, Emilio Rodríguez, afirmó que la experiencia judicial de Valle Hermoso, una pequeña localidad del departamento General Lamadrid, demuestra la importancia de mantener restricciones a la adquisición de tierras por parte de inversores extranjeros y advirtió que el proyecto aprobado en Diputados «pone en serio riesgo la soberanía y la seguridad de la Nación».
Durante una entrevista con Futurock, el funcionario vinculó el debate legislativo con uno de los litigios territoriales más extensos de la historia reciente riojana, que culminó con el reconocimiento de los derechos posesorios de las familias que habitan el lugar desde hace generaciones.
«Después de una década de una batalla judicial, logramos que se reconozca la posición ancestral de la gente que vive en Valle Hermoso, un pueblo que fue vilmente rematado», afirmó Rodríguez.
Un conflicto que trascendió La Rioja
Según explicó el fiscal de Estado, el conflicto comenzó cuando las tierras donde se encuentra asentado Valle Hermoso fueron rematadas y posteriormente adquiridas por inversores extranjeros, pese a que la comunidad ocupaba históricamente ese territorio.
«Todo el pueblo fue vendido como una mercancía cualquiera. Se las compraron a un grupo de abogados que habían obtenido el remate de esas tierras. Nosotros lo reclamamos porque fue casi clandestino», sostuvo.
Rodríguez recordó que la provincia impulsó distintas acciones administrativas y judiciales para impedir la consolidación de esa operación.
Entre ellas, mencionó la suspensión de la compra debido al incumplimiento de requisitos previstos por la legislación vigente.
«En ese momento se omitió cumplir con un requisito esencial, que era presentar un proyecto de desarrollo ante el ministerio. Entonces impulsamos una resolución para suspender la compra», explicó.
La posesión ancestral como eje del fallo
El funcionario destacó que uno de los aspectos centrales del caso fue el reconocimiento del derecho posesorio de los habitantes de Valle Hermoso, aun cuando muchos de ellos no contaban con títulos de propiedad formalizados.
«Las escrituras de esas hectáreas nunca tuvieron la posesión. El poseedor tiene la tierra y se siente dueño de ella, y ese es un derecho amparado por el Código Civil», señaló.
Según indicó, la resolución judicial terminó reivindicando esa situación de hecho.
«La ley fue determinante y también lo fue la lucha judicial. Esa gente nunca tuvo una escritura y hoy tiene esa posesión reivindicada», afirmó.
Rodríguez agregó que quienes habían adquirido formalmente las tierras nunca llegaron a ejercer efectivamente la posesión ni promovieron nuevas acciones judiciales.
«Quien adquirió la tierra nunca se presentó a reclamarla. Se decía que iba a hacerlo en un juzgado de Estados Unidos, pero nunca pasó», sostuvo.
Críticas al proyecto de reforma
El antecedente de Valle Hermoso fue utilizado por el fiscal riojano para cuestionar el proyecto de reforma de la Ley de Tierras que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados.
A su criterio, la normativa vigente no prohíbe la inversión extranjera, sino que establece límites razonables destinados a proteger recursos estratégicos y evitar conflictos territoriales.
«Nosotros, desde la experiencia concreta de haber defendido un pueblo que fue vendido a un extranjero, debemos defender esta ley», expresó.
En ese sentido, sostuvo que la modificación impulsada por el Congreso podría debilitar herramientas de control que resultaron fundamentales en el caso riojano.
«Este proyecto que ya tiene media sanción pone en serio riesgo la soberanía y la seguridad de la Nación. La ley hoy vigente no le prohibió nada al extranjero; simplemente le puso límites razonables», concluyó.
Un antecedente que vuelve al centro del debate
Las declaraciones de Rodríguez reintroducen en la agenda nacional el caso Valle Hermoso, considerado uno de los antecedentes más relevantes sobre conflictos de propiedad, posesión ancestral y adquisición de tierras rurales por parte de capitales extranjeros.
En momentos en que el Congreso debate modificaciones al régimen vigente, la experiencia de La Rioja vuelve a ser presentada por el Gobierno provincial como un ejemplo de los alcances que puede tener la legislación sobre tierras rurales y del papel que desempeñan las provincias en la defensa de comunidades históricas asentadas en esos territorios.
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