No todos los docentes sufren el plan motosierra. Hay algunos, como el actual diputado libertario Santiago Santurio, a quienes la ecuación les cambió para bien. Antes del 10 de diciembre de 2023, cuando asumió su banca en la Cámara baja como parte del bloque de LLA, Santurio daba clases de Filosofía en la Universidad Austral y de Catequesis en el colegio Santo Tomás de Aquino, pertenenciente a la UCA; era inquilino, manejaba un Uber para llegar a fin de mes y en sus ratos libres aprovechaba para predicar contra el matrimonio igualitario, el feminismo, el derecho al aborto y “la casta”, algo que por otra parte sigue haciendo. El giro copernicano le vino muy pronto: el Banco Nación le aprobó en julio de 2025 un préstamo hipotecario monumental, por 239 mil dólares, todo indica que para comprarse una casa en algún barrio privado del oeste bonaerense. Su caso había permanecido en un segundo plano como parte del escándalo de los créditos VIP para libertarios, pero salió a la luz esta semana a raíz de una denuncia penal de su colega –y excompañera de la misma boleta violeta– Marcela Pagano.
Pagano lo denunció por los supuestos delitos de enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa de datos en su declaración jurada, pero también por supuestas negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, sospecha que también pesa sobre el resto de los funcionarios libertarios que accedieron al “beneficio” VIP del Nación, encabezados por los “Toto” boys Felipe Nuñez y Federico Furiase y donde también bregaron Juan Doe y los compañeros de banca de Santurio como Mariano Campero y Lorena Villaverde.
Según la denuncia, el diputado no contaba con activos declarados que justifiquen el pago inicial del 20 por ciento necesario para obtener cualquier crédito hipotecario. En su caso, eran aproximadamente unos 60.000 dólares. Según su última declaración jurada presentada ante la OA, además, apenas contaba con un patrimonio declarado de 12 millones de pesos: $4.478.892 en una caja de ahorro, $5.000.000 en efectivo y otros 4 mil dólares más depositados en dos cuentas, una en un banco local y otra en el exterior.
Pero hubo más irregularidades supuestas: incluso si se toma su millonario sueldo actual como diputado, la cuota mensual del crédito que le dieron representa el 48,2% de su ingreso neto, lo que supera ampliamente el límite regulatorio del 25% fijado por el propio banco. Pero además, Santurio tiene cuatro hijos menores de seis años, lo que reduce aún más el margen mensual post-cuota. Sería casi un diputado en situación de pobreza. Además, se le otorgó un plazo de cancelación de 30 años, cuando su mandato como legislador vence en menos de tres años, por lo que no posee estabilidad laboral formal.
Su mujer, María Celina Aguilar Bugeau, ni siquiera figura inscripta en ARCA, por lo que tampoco podría salir en respaldo del crédito. Da clases de pintura, vende cuadros (incluso exportó a Alemania), dicta talleres de cerámica y organiza eventos de arte. Cualquier similitud con el caso Adorni va de suyo.
“En menos de dos años de mandato, (Santurio) pasó de ser un docente que conducía Uber e inquilino en barrios de clase media trabajadora, a ser propietario de un inmueble en barrio cerrado valuado en aproximadamente usd 300.000, con superficie suficiente para albergar quincho y eventos sociales de envergadura, presumiblemente con instalaciones complementarias propias del segmento residencial alto”, dice la denuncia de Pagano.
“El salto patrimonial de inquilino docente complementando ingresos con Uber, a propietario en barrio cerrado de zona acomodada se concreta en exacta correlación temporal con el ejercicio del cargo de Diputado de la Nación y el otorgamiento del crédito hipotecario UVA del Banco de la Nación Argentina por USD 239.000 en julio de 2025″, agrega.
Ese salto patrimonial figura taxativamente en el registro de deudores del Banco Central. En el sitio “cuantodeben” –que destapó la olla del escándalo de los créditos VIP– resalta el contraste: hasta junio de 2025, Santurio tenía deudas, presumiblemente de tarjetas de crédito, por casi $7 millones; a partir del préstamo hipotecario, el salto fue hasta por encima de los $303 millones.
Hasta ahora, la causa central por el escándalo de los créditos no tuvo mayores avances. El último movimiento importante fue la unificación de todas las denuncias en un solo expediente a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, por decisión de la Cámara Federal porteña.
¿Y ese condominio?
A la par del crédito, Pagano pidió además investigar una omisión en la DDJJ del diputado, al que acusa de ocultar durante tres declaraciones juradas consecutivas su participación en el «Condominio Santurio Rodríguez Santiago Javier y otros», una estructura societaria inmobiliaria con CUIT propio activa desde 2013, que nunca fue declarada. “La omisión es total, persistente y abarca la totalidad del período declarado y los doce años previos al inicio del mandato”, dice la denuncia.
Los condominios suelen ser sociedades de al menos tres personas. ¿Habrá que buscar los socios de Santurio en sus amigos negacionistas y antiderechos del Frente Joven?
0
0
