El juez federal Claudio Bonadio procesó a 92 intendentes y ex intendentes como partícipes necesarios de un supuesto fraude en contra de la administración pública a través de un programa nacional de gestión de residuos urbanos (GIRSU) durante la gestión kirchnerista.
En ese contexto, siempre la gestión del intendente Alberto Paredes Urquiza denunció públicamente que el ex jefe comunal Ricardo Quintela estaba investigado en esta causa que involucraba la presunta estafa al erario federal, cuestión que con la resolución de este jueves del magistrado Bonadio quedó completamente desestimado.
Es que el actual diputado provincial no estuvo siquiera imputado en la causa por lo que obviamente para la justicia y el gobierno nacional tiene debidamente justificado los fondos que venían destinados a la planta de procesamiento de residuos capitalina, obra que se ejecutó.
Incluso, el Concejo Deliberante intentó realizarle un juicio político y destituir al concejal Carlos Machicote, quien en la gestión quintelista era secretario de Servicios Públicos, porque le endilgan el presunto manejo irregular de dichos fondos, pero la embestida política no prosperó.
En ese contexto, la realidad indica que Bonadio procesó a 92 intendentes y ex intendentes de diversas provincias del país pero no está incluido Quintela, quien ni siquiera estuvo imputado ni convocado a declarar durante la instrucción de esta causa.
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