El diputado nacional por el radicalismo, Julio Martínez, había hecho declaraciones en referencia al proceso de flagrancia, caratulado “Caballero Graciela y otros. Privación Ilegítima de la Libertad y Daños”, en perjuicio del personal jerárquico del Ministerio de Educación de la Provincia.
En este sentido, el titular de la cartera de Gobierno, Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Claudio Saúl, sostuvo que Martínez está faltando a la verdad, “quiere seguir confundiendo a la población, como lo hizo con la minería, ahora también pone en duda los procesos judiciales”.
Dijo que el legislador nacional habla de “encadenar hechos” que lo llevan a desarrollar una hipótesis entre lo sucedido en la escuela de Chilecito y la causa de la desaparición del soldado Alberto Ledo que involucraría al jefe del Ejército César Milani, lo cual en realidad son meras y burdas suposiciones personales, y que efectúa con total irresponsabilidad. La Justicia actúa en el marco de su autonomía, del sistema democrático y ajustada a la ley.
Tiempo atrás, en diferentes medios de comunicación, Alvaro Illanes afirmó ser víctima de una “persecución ideológica” por parte del Gobierno provincial, fuentes fidedignas manifestaron que en lo concerniente al proceso judicial, tanto Alvaro Illanes como Graciela Beatriz Caballero, Pedro Carrizo, Marcela Crabbe, Carolina Ticac, Adriana Páez, Raúl Brizuela y Doria de Cara y Juan Carlos Illanes, se encuentran imputados por “Privación Ilegítima de la Libertad y Daño”, ya que estas personas cometieron hechos en perjuicio del personal jerárquico del Ministerio de Educación de la Provincia, quienes se encontraban en el establecimiento educativo de la escuela Normal de la ciudad de Chilecito, realizando tareas propias de su función.
El hecho se produjo 29 de abril del corriente año, cuando los imputados realizaron diferentes actos para mantener encerrados a los funcionarios en un despacho de la escuela, impidiendo que salieran del lugar hasta tanto desistan del cumplimiento de la medida que estaban realizado y que les fue encomendada.
En relación a esto, tanto testigos como las propias víctimas, aseguraron que mientras estuvieron encerrados, los vidrios del despacho fueron destruidos de un golpe, causando daños a la institución y poniendo en riesgo la integridad física de quienes se encontraban en ese despacho de la escuela, lo que derivó en una imputación de Privación Ilegítima de la Libertad y Daño.
Al respecto, el funcionario provincial enfatizó que “este Gobierno adhiere a las políticas de derechos humanos de la Nación, y acá en La Rioja, el Gobierno provincial de alguna manera siempre presta su colaboración para el esclarecimiento de los hechos de la dictadura militar descritos de Lesa Humanidad. Siempre vino demostrando con hechos el ánimo de hacerlo así, más aún cuando hubo riojanos ligados a estos temas”.
En cuanto a la conducta de Martínez, el ministro Saúl dijo que no se deben relacionar dos procesos judiciales que son de distinta materia, jurisdicción y competencia. El “debe dejar de hablar y ejercer presión mediática sobre la Justicia provincial y federal y acostumbrarse como hombre de la democracia a respetar el trabajo que realizan los jueces y fiscales, no puede tan liviana e irresponsablemente dejar un manto de sospecha sobre la administración de justicia, y más aún cuando este hecho que se les imputa a estas personas ha sido en flagrancia”.
Finalmente, remarcó que “Martínez debe ser serio y preciso, dando los nombres y datos de quién o quiénes son los autores de la supuesta persecución ideológica. El Gobierno es garante del ejercicio de los derechos individuales y colectivos, y ha demostrado desde hace tiempo que viene apoyando todas y cada una de las denuncias.
El país ha sufrido mucho con las persecuciones de cualquier índole, es así que le pido al señor diputado ser más respetuoso en sus declaraciones, si quiere buscar votos para el 2015, que no lo haga con el dolor y las necesidades de la gente”.
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