No hay enmienda benevolente que sostenga el discurso oficial. Lo que se presentó como orden fiscal fue recorte y desinversión; lo que se vendió como combate a la inflación fue maquillaje estadístico que no devolvió poder de compra; lo que se ofreció como modernización fue apertura que pulverizó a la industria local. Hablar de “avances” es un intento de distracción: los hogares sienten la realidad en el bolsillo y en el timbre de casa donde antes había trabajo. Los números reales de empleo registrado muestran miles de puestos perdidos; cientos de fábricas cerraron o redujeron fuertemente su producción; la demanda interna se desplomó. Eso no es “ajuste necesario”: es desmantelamiento.
El Ministerio de Capital Humano existe en los papeles. Sí: fue creado y anunciado como prueba de sensibilidad social. En la práctica funciona como un parche burocrático frente a una realidad social desgarradora: la vulnerabilidad aumentó, la red de protección social se estrechó y millones vieron deterioradas sus condiciones de vida.
El “orden” fiscal pregonado desde el poder se sostiene con tijeras presupuestarias que sacrificaron inversión en salud, educación y obra pública. Si el equilibrio fiscal significa menos hospitales bien provistos, menos escuelas en condiciones y jubilaciones comprimidas, entonces ese “equilibrio” no es una virtud sino una condena.
La apertura de importaciones sin mecanismos de protección ni plan industrial produjo un golpe de gracia para la producción local. Pequeñas y medianas empresas que sobrevivían con muy poco se vieron obligadas a cerrar; grandes empresas aceleraron recortes; proveedores perdieron mercados. El consumo interior cayó en picada: los salarios reales no se recuperaron y el empleo formal retrocedió. La idea de que el mercado, sin reglas y en un contexto de fragilidad macro, iba a generar inversiones masivas y empleo fue una ilusión cruda que terminó en destrucción de capacidades productivas.
Políticamente hubo menos audacia que oportunismo: consignas extremas para ganar votos y rubricas administrativas cuando tocó gobernar. Lo que quedó fue la factura: desempleo, empresas cerradas, consumo deprimido, servicios públicos desmejorados. Si la “refundación” implicaba construir un país más competitivo y justo, lo ocurrido fue lo opuesto: desarme y empobrecimiento.
Punto por punto — promesas incumplidas
- Dolarización plena de la economía: Promesa incumplida. No hubo conversión formal a dólar ni plan serio. La “dolarización” real fue parcial y forzada por la crisis, no fruto de una política ordenada. Resultado: más incertidumbre y pérdida de competitividad.
- Cierre del Banco Central (BCRA): Nunca concretado. Fue un slogan de campaña sin proyecto operativo viable; la estructura monetaria sigue existiendo y la promesa quedó en letra muerta.
- Reducción drástica y “eficiente” del Estado: El achique se hizo, pero fue sobre áreas sensibles: recortes que cerraron programas, postergaron obras y degradaron servicios. No hubo eficiencia notable; hubo desmantelamiento.
- Equilibrio fiscal real y sostenible, una ficción. El equilibrio que exhibe el gobierno se logró a costa de recortes profundos, postergación de gasto de capital y maniobras contables. El coste social no figura en la hoja de balance oficial.
- “Terminar con el cáncer de la inflación”, una Promesa vacía. Cierta moderación estadística no alcanzó a recuperar salarios ni a normalizar la vida cotidiana; la inflación sigue asfixiando a las mayorías.
- Reactivación industrial y generación masiva de empleo por la vía de la liberalización: Contrariamente, la industria retrocedió, cerraron fábricas, se perdieron miles de empleos formales y el mercado interno colapsó.
- Protección social y atención a los vulnerables mediante políticas públicas efectivas: Falso. El Ministerio de Capital Humano fue creado, pero la situación material de los vulnerables empeoró; los programas no compensaron la pérdida de ingresos ni la reducción de servicios.
- Mantener la gratuidad y calidad de la educación pública: En riesgo. Señales, recortes y reconfiguraciones presupuestarias pusieron en jaque la universalidad y la calidad; las promesas quedaron del lado del marketing.
- Fortalecimiento del sistema de salud pública: Incumplida. La inversión en salud cayó en términos reales; hospitales y centros sanitarios sufren falta de insumos y mantenimiento.
- Reforma profunda de seguridad y orden público con resultados concretos: Dilatada o superficial. Lo anunciado no se tradujo en políticas integrales sostenidas ni en recursos adecuados; predominaron anuncios por sobre implementación.
- Privatizaciones ordenadas y reguladas que mejoren servicios sin perjudicar al interés público: Muchas se hicieron en forma parcial y con poca transparencia; faltó marco regulatorio robusto, lo que abre riesgos de concentración y pérdida de control estratégico.
- Transformación estructural hacia crecimiento sostenido y reducción de pobreza: No ocurrió. Lo que existe es mayor precariedad laboral, desempleo masivo y aumento de la vulnerabilidad social.
Dos años después, la cuenta está a la vista: lo que se llamó “cambio” terminó siendo una poda que dejó sin red a millones. La promesa de refundar un país se transformó en la promesa incumplida de desmantelar lo poco que funcionaba. Eso no es un costo temporal de pasar factura a vicios del pasado: es un proyecto que destruye capacidades productivas, empleo y tejido social. Los argumentos tecnocráticos no pueden ocultar que las personas perdieron su trabajo, las fábricas cerraron y el consumo se desplomó. Eso es lo que, a la luz de estos dos años, debe llamarse por su nombre: mentira con consecuencias.
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