La Ley que se aprobó ayer en la Legislatura implica un gasto de alrededor de un millón de pesos por mes para la Provincia. Además, avasalla la autonomía de los 18 Departamentos y deja la puerta abierta para ‘legitimizar’ la presión política de Provincia sobre los Intendentes. Ya son varios los actores políticos que pide al Gobernador que Vete la Ley. Pero, como siempre, en RL nos interesa tu opinión:
Fiscal Municipal: «Casas debe Vetar la Ley»
«Confiamos en que el gobernador no promulgue esta norma» dijo Raúl Galván
El Fiscal de Estado Municipal, en diálogo con Radio Independiente se refirió a la sanción diputados que faculta al Tribunal de Cuentas de la Provincia para el control de los fondos públicos de los municipios. No tiene ningún sentido que no sea netamente político indicó. Apelarían ante el órgano máximo de justicia por inconstitucionalidad.
Galván explicó que si bien no se eliminó el Tribunal de Cuentas Municipal, la nueva norma “no deja de ser inconstitucional porque está creando un de control paralelo y no tiene nada que ver con la autonomía que tanto se proclama” indicó.
En este sentido entendió que mediante la modificación, los diputados facultaron al Tribunal de Cuentas de la provincia para que controle los fondos que percibe y que invierte el municipio capitalino. “Es un control adicional al que ya tiene el municipio capitalino a través del Tribunal de Cuentas Municipal y tiende a concentrar poder en lugar de mejorar la calidad de las instituciones democráticas, hay un claro retroceso en desmedro del municipio” entendió.
Consultado la respuesta del municipio, indicó: “confiamos en que el gobernador no la promulgue y vete esta norma recién sancionada, apelamos a que el gobernador tome cartas en el asuntos y termine con esta barbaridad” indicó. No obstante agregó: “Si no llegara a ser así acudiremos al Tribunal Superior de Justicia pidiendo la inconstitucionalidad de la norma como claramente lo es”.
A cerca de las finalidad de la nueva normativa sancionada por los legisladores, Galván sostuvo: “Tiene intencionalidad política, no hay ningún fundamento legal, jurídico, técnico que amerite la sanción de esta norma. No le encontramos ningún sentido, más que controlar y poner trabas la gestión del intendente (Paredes Urquiza)” sostuvo.