El Peligro de la Interna
No debemos perder la capacidad de asombro para que las excepciones no se conviertan en reglas.
¿Los ciudadanos tendremos garantías? La pregunta no debería admitir dudas. Vivimos en un Estado de derecho, no guía una Constitución y un marco regulatorio que establece deberes y derechos para todos. Sin embargo, la realidad demuestra lo contrario. Muestra un abuso de poder de la función pública una aplicación de las leyes definida por intereses sectoriales y personales para legitimarse en el poder. La pelea por la legitimización no está mal, lo que es grave es que están naturalizadas prácticas muy alejadas del ejercicio democrático pleno, reclamo, que no debe sonar como una utopía, debería ser la constante de todos los funcionarios y los ciudadanos no debemos perder la capacidad de asombro para que las excepciones no se conviertan en reglas. Ejemplos sobran, no es una afirmación casual ni antojadiza.
¿Cómo se explica que los argumentos sobre la caída del concurso de los jueces sean tan contradictorios entre dos órganos claves? Uno, el Consejo de la Magistratura y el otro, la Cámara de Diputados. El Consejo de la Magistratura, organismo de selección y designación de magistrados, encargado de velar porque los mejores lleguen a ser nada más y nada menos que jueces, cargos, que no tiene vencimiento, salvo por causales de enjuiciamiento o de jubilación. Organismo además, que está integrado por representantes de las tres funciones y de organismos colegiados. Y también corresponde un representante del ámbito académico que todavía no fue incorporado. Las interpretaciones sobre los concursos y los plazos tuvieron opiniones totalmente opuestas: Desde el Consejo de la Magistratura advirtieron que los plazos no estaban vencidos y por lo tanto Diputados debía avanzar en las designaciones que deben por cierto respetarse y las ternas solo pueden cambiarse con opinión fundada. Desde el Bloque mayoritario consideraron, en cambio, que los plazos estaban vencidos y que, por lo tanto, los concursos debían caerse. Efectivamente, todo el proceso de concursado quedó en la nada, y el Estado, es decir, nosotros deberemos pagar por los juicios que ahora, los que ganaron concurso iniciarán porque tiene un derecho adquirido.
Lo grave de esto, además de las interpretaciones constitucionales, es que algunos de los legisladores advirtieron que “podían haber intereses personales” en esto,.
La Cámara de Diputados sesionó el 3 de octubre. ¿Podría en esa sesión haber tratado el tema?, después vino la campaña; y luego este manejo discrecional que no hace más que sembrar dudas.
En esta Provincia nadie explica, nadie se pone colorado, y el costo lo pagan los ciudadanos. Sobran muestras de la falta de transparencia. La arrogancia con que se maneja el Estado no solo genera impotencia, impone una situación de vulnerabilidad permanente porque no se sabe si hay garantías.
Analía Yoma, para Radio La Red
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