El 30 de diciembre de 2012, el juez penal, en feria judicial, Francisco Baigorrí Ocampo, estableció que había evidencias para detener a Miranday, como presunto responsable de la muerte de su amigo David Guerra. Ambos, eran agentes penitenciarios en la cárcel de La Rioja.
La muerte de Guerra, se produjo en una vivienda ubicada en el barrio Urbano 8. En ese domicilio, había una reunión de amigos y compañeros de trabajo. Estaban presente, Miranday, Guerra y Jonathan García. En la ocasión, una escopeta, perteneciente al Penitenciario, había sido trasladada a ese lugar.
De repente, algo inesperado sucedió y Guerra fue encontrado con un disparo en el rostro, que le causó la muerte. En la indagatoria, Miranday habría explicado que él intentó quitarle el arma a Guerra, ya que pretendía, aparentemente, atentar contra su propia vida.
El testimonio de García y otras evidencias, sirvieron para ordenar la detención de Miranday, hasta tanto se resuelva su situación procesal. Luego de siete meses de espera, el juez Daniel Barría, a cargo de la investigación, estableció un cambio destacado en la Instrucción. El magistrado, consideró que el hecho se encuadra en el delito de ‘Homicidio Culposo’ y procesó al detenido bajo esa carátula.
Al cambiar la situación procesal, los abogados defensores del agente penitenciario, –Miguel Angel Morales y Erica Jain–, solicitaron al juez en feria, Carlos de la Fuente, la excarcelación del acusado, por haber sido procesado por un delito que permite ese beneficio.
El pedido, fue aprobado por De la Fuente, ya que Miranday no tiene antecedentes penales y no existen otras cuestiones que impidan o entorpezcan la investigación.
Ante EL INDEPENDIENTE, Morales precisó que el procesamiento fue apelado ante la Cámara Penal de La Rioja, porque consideran que el hecho debe ser calificado como suicidio. Agregó, que una pericia, determinó que Miranday no tenía resto de pólvora en sus manos.
Un dato para recordar, es que el arma que se utilizó en el hecho, pertenece al Penitenciario, y por ese motivo, la Unidad de Asuntos Internos inició una investigación administrativa, para conocer por qué el arma estaba fuera la cárcel. Hasta el momento, se desconoce el resultado de esa investigación.
La escopeta, pertenece al Grupo CAEP. Retirar el arma sin autorización, es una violación al Reglamento Interno de la cárcel.
Miranday pertenecía al grupo CAEP del Penitenciario, mientras que García cumplía funciones en la guardia interna. La víctima, conformaba el grupo dedicado al guardia externa de la cárcel.
“Miranday y la víctima eran amigos, porque se conocían desde hace mucho tiempo”, dijo Morales ante este medio.
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