Redacción de RiojaLibre
Durante los diez años de la presidencia de Carlos Menem, y durante toda la actividad política de Eduardo Menem, ambos defendieron a ultranza los fondos compensatorios para La Rioja, a los que calificaron como un ‘Derecho’. La lucha por el punto de coparticiáción perdido es parte del legado político que intentó dejar Eduardo Menem, por eso llama podersoamente la atención que se su propio hijo quien cuestione e imposibilite la llegada de esos fondos.
Así como en la historia quedará reflejado que Eduardo Menem fue uno de los principales referentes que luchó por los fondos compensatorios para La Rioja, también quedará en la historia que su hijo Martín Menem fue el responsable que druante dos años (2024 y 2025) no llegue ni un solo peso a la Provincia en concepto de fondos compensatorios. Ahora, Martín Menem tiene la gran posibilidad de redimirse en el Presupuesto 2026, que se comenzará a tratar esta semana en el Congreso.
En el marco actual la provincia sostiene que existe una obligación jurídica de la Nación de mantener los aportes compensatorios equivalentes a un punto de coparticipación. Según su interpretación, es un derecho amparado por la Constitución y avalado por décadas de una práctica institucional continua desde 1988.
La idea de que la petición de La Rioja tiene raigambre constitucional tiene que ver con un mandato que introdujo la reforma de 1994: el Congreso debía sancionar un nuevo régimen de coparticipación, basado en criterios objetivos, equitativos y solidarios, que garantizaran igualdad de oportunidades en todo el país. Además, la disposición transitoria sexta prohibió modificar la distribución vigente en perjuicio de las provincias hasta que esa nueva ley fuera dictada.
Han pasado más de 30 años y esa norma nunca se cumplió. El sistema sigue funcionando con la ley de 1988 y con aportes extraordinarios que, en el caso de La Rioja, se transformaron en una práctica habitual: una “costumbre paraconstitucional”, como la define la propia demanda.
Por último, La Rioja reclama una deuda de casi 10 mil millones de pesos por diferencias acumuladas entre 2012 y 2017, más intereses.
La respuesta de Nación
El Estado nacional contestó la demanda en un escrito presentado el 18 de agosto de 2025. La Casa Rosada rechazó la existencia de una obligación jurídica permanente de transferir un punto adicional de coparticipación.
El gobierno nacional alegó que la ley de coparticipación actual es efectivamente un régimen transitorio, pero está vigente, y que los aportes extraordinarios que recibió La Rioja fueron discrecionales, no un derecho adquirido, es decir, que fueron parte de una práctica política, no jurídica.
Además, argumentó que la provincia no puede reclamar un punto fijo extra basado en la Constitución de 1994, porque esa disposición no fue reglamentada con una nueva ley de coparticipación.
La segunda demanda
El otro juicio impulsado por La Rioja contra el gobierno nacional comenzó con una demanda presentada el 5 de febrero de 2024. Allí no se busca que se reconozca el punto de coparticipación perdido en 1988, sino la interrupción de transferencias que Nación hacía vía Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para compensar esa pérdida. La provincia denunció que esos fondos fueron aprobados por el Congreso en el presupuesto de 2023, pero no se pagaron en 2024 y 2025, pese a que el presupuesto de 2023 fue reconducido.
En ese expediente todavía no se le dio participación al gobierno nacional, pero en una carta enviada al gobernador Ricardo Quintela por el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, explicó su fundamento para negar los fondos. En concreto, el funcionario señaló que los bonos BOCADE que La Rioja emitió vulneraban el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, al que La Rioja adhirió mediante leyes provinciales, y anticipó que se limitaría la posibilidad de realizar transferencias discrecionales y el otorgamiento de avales para endeudamiento.
El 12 de febrero pasado, la Corte Suprema emitió su primera resolución importante en el expediente: pidió a La Rioja que explique la diferencia entre esta demanda y otra presentada en 2017.
“Son cosas distintas”, explicó a META O VERSO el abogado Jorge Yoma. “La demanda DE 2017 es sobre el fondo de la cuestión, que es el punto de coparticipación que perdió La Rioja en 1988, mientras que ahora se reclama el cobro de una deuda en pesos sobre fondos ya asignados”, agregó.
Conclusión
El reclamo de La Rioja combina historia, derecho constitucional y política fiscal. La Corte Suprema deberá decidir si la práctica de más de tres décadas y la cláusula transitoria de la Constitución alcanzan para obligar a la Nación a reconocer ese punto perdido. El fallo podría redefinir el mapa del federalismo argentino.
Fuente: datos e info de Meta o Verso
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