La noticia se viralizó por Whatsapp y redes sociales después de que una docente de la escuela a la asiste la niña embarazada y sus hermanos relató la precaria situación en la que se encuentran y pidió donaciones de ropa y útiles escolares.
La chica y sus hermanos, también menores de edad, ahora viven con sus abuelos, después de que su madre y su padrastro fueran detenidos. Según explicaron fuentes del Ministerio de Salud local a Clarín, “la nena va a continuar con su embarazo”.
La Corte Suprema falló en 2012 sobre la interpretación del artículo 86 del Código Penal y sostuvo que el aborto no es punible cuando la salud o la vida de la mujer están en peligro o cuando el embarazo es producto de una violación. El máximo tribunal determinó que esos casos no debían ser judicializados, y exhortó a la Nación y a las provincias a realizar protocolos hospitalarios de actuación para abortos no punibles.
Mendoza es una de las provincias que no dictaron sus propios protocolos ni se adhirieron al nacional. Cuando se emitió el fallo de la Corte, el gobernador de Mendoza era Francisco Pérez (Frente para la Victoria), quien se opuso a la sentencia de la Corte. Durante su gestión, la Cámara de Diputados provincial dio media sanción a un protocolo, pero este no avanzó en el Senado mendocino.
Desde 2015 gobierna la provincia Alfredo Cornejo (Cambiemos). La ministra de Salud que designó, Elisabeth Crescitelli, anunció que la provincia no adherirá al protocolo nacional y que esperarán “ver qué sucede con la reforma del Código Penal y con la nueva ley sobre legalización del aborto que se pretende discutir”.
La ausencia de un protocolo no significa que en esas provincias no se puedan realizar abortos legales o no punibles, ya que en ciertos supuestos es un derecho previsto en la legislación nacional argentina. Sin embargo, la falta de protocolos ajustados al fallo de la Corte hace que se presenten obstáculos para el verdadero acceso a este derecho por parte de las mujeres.