La sola declaración de la víctima -aunque goza de credibilidad-, debe estar apoyada de algún otro medio de prueba para acreditar los delitos denunciados.
El procesamiento estaba viciado de defectos de imposible subsanación: los hechos no estaban debidamente determinados en las circunstancias de tiempo, modo y lugar y su correspondiente calificación legal, como así tampoco estaba debidamente fundamentado.
Esa deficiencia investigativa, provocada por la falta de actividad probatoria que debía presentar la abogada querellante, quien no ofreció ninguno de los medios probatorios mencionados como mínimo; como así tampoco por parte de Fiscalía (ambos acusadores encargados de demostrar los hechos denunciados), dieron como resultado que no se pueda sostener el procesamiento ni la prisión preventiva, la cual se tornó excesiva y arbitraria, al transcurrir 7 meses detenido sin que se haya aportado ninguna prueba pertinente y por ello se ordenó corregir los defectos de la resolución; incorporar prueba que acredite los delitos denunciados y recién así, se vuelva a dictar una nueva resolución resolviendo la situación procesal del denunciado.
Asimismo, se ordenó la libertad del denunciado quien no había sido formalmente notificado de que debía concurrir a colocarse la tobillera electrónica, por lo tanto, se lo declaró incorrectamente prófugo, ya que se había ordenado su captura y detención sin haber estado notificado, y por ello no se configura el supuesto riesgo procesal.
No obstante ello, en resguardo de la víctima se dispuso que la libertad fuera previa colocación del dispositivo de geolocalización (tobillera), para garantizar de manera efectiva que no se acerque a la denunciante.
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