(Por Walter Onorato) En la reciente ceremonia de inauguración del gasoducto Norte, Javier Milei y su gabinete parecían celebrar un triunfo inminente en el camino hacia la exportación de gas argentino a Brasil. Sin embargo, al rascar bajo la superficie del evento, la realidad muestra una obra inacabada y llena de obstáculos, desde licitaciones pendientes hasta precios desalentadores. Lo que se presentó como una muestra de avance energético resulta, en los hechos, una promesa inconclusa que deja en claro las deficiencias en la planificación y ejecución del gobierno.
Desde la ciudad de La Carlota, Córdoba, donde se realizó el evento, se pudo observar la presencia del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y al viceministro de Energía, Daniel González. Incluso el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, y representantes de las empresas constructoras dieron el toque de oficialidad. Pero faltaba alguien en la mesa: el gas. La realidad es que el gasoducto inaugurado solo está completo en un 75%, y, para peor, aún se necesita una segunda fase que permita llevar el fluido más allá de nuestras fronteras.
A pesar de la inversión millonaria y las grandilocuentes palabras, este gasoducto es un claro ejemplo de la estrategia de Milei: anuncios rápidos, proyectos sin final y una narrativa optimista que omite las verdaderas necesidades del país. Según el gobierno, “ahora comenzarán las obras faltantes”, como si el hecho de iniciar otra etapa de construcción fuera un avance concreto. La realidad es que estas obras tomarán tiempo y complicarán el objetivo original de exportación de gas a Brasil en el corto plazo, dejando entrever una planificación mal ejecutada y ambigua en cuanto a los plazos y metas.
Para completar la estructura que posibilitará el flujo de gas hasta Bolivia y posteriormente Brasil, Argentina deberá instalar un medidor bidireccional en su frontera. Sin embargo, esta pieza crucial para la exportación aún no fue licitada por la empresa estatal Energía Argentina (Enarsa), lo cual implica un retraso de al menos tres meses, en el mejor de los casos. Este requisito fundamental muestra la falta de previsión del gobierno de Milei, que, al inaugurar una obra inconclusa, demuestra una desesperación por aparentar logros más que por obtener resultados efectivos.
La falta de planificación no se limita al desarrollo de la infraestructura. El precio del gas argentino también se presenta como un escollo mayor para su exportación. Al llegar a la frontera con Bolivia, el gas de Vaca Muerta tendría un costo que supera los 5 dólares por millón de BTU (unidad térmica británica), sin incluir el “peaje” que Bolivia cobraría para transportar el recurso hasta Brasil. Con estos sobrecostos, el precio final del gas argentino alcanzaría un valor aproximado de 7 dólares por millón de BTU, un precio poco atractivo en el mercado brasileño. La solución de las empresas para este problema es controversial: eliminar el precio mínimo establecido por el Plan Gas, una medida que de aplicarse podría llevar a que Brasil pague menos por el gas argentino que el mismo mercado interno. De esta forma, los argentinos estarían subsidiando las exportaciones.
Este gasoducto, financiado parcialmente por un préstamo de la CAF, demandó una inversión de aproximadamente 740 millones de dólares, y a pesar de su costo, aún no cuenta con las condiciones necesarias para cumplir el fin anunciado. Si bien la primera etapa permite abastecer el mercado interno y sustituir importaciones desde Bolivia, el paso a la exportación depende de obras que ni siquiera han sido licitadas. Al no prever una solución integral, Milei y su equipo simplemente postergan la concreción de sus promesas, al tiempo que siguen endeudando al país en proyectos sin un horizonte claro.
El Plan Gas, al que tanto alaba el gobierno, se presenta como un “win-win”, pero solo para las empresas privadas que ven garantizados sus precios en dólares y una rentabilidad asegurada a largo plazo. Esta política, establecida en su momento como una protección para el mercado interno, podría terminar sirviendo a intereses externos en detrimento de los argentinos. El precio mínimo fijado para el mercado interno de entre 3,5 y 4,5 dólares por millón de BTU podría ser eliminado para facilitar las exportaciones, dejando a los consumidores argentinos en desventaja. ¿Es este el tipo de “libertad de mercado” que Milei quiere para el país?
Mientras tanto, el anuncio de Milei y su gabinete de “la última obra financiada por el Estado” resuena como una advertencia: los proyectos de infraestructura quedan a merced del sector privado. En este caso, la obra fue desarrollada por la unión de empresas Techint-SACDE, y aunque desde el gobierno destacan los beneficios que generará en el largo plazo, las condiciones actuales evidencian una postura ambivalente que privilegia la imagen sobre la efectividad. No sorprende que la obra requiriera la participación de 1.200 trabajadores y cientos de equipos pesados, ni que el gobierno celebre la complejidad técnica del proyecto. Sin embargo, la verdadera complejidad es la falta de una visión clara y concreta para el futuro energético del país.
La polémica en torno a este gasoducto es un reflejo de una administración que prefiere inaugurar promesas antes que cumplirlas. Lo que debería haber sido un avance hacia la independencia energética se convierte, bajo la gestión de Milei, en un símbolo de frustración y oportunidad desperdiciada. Argentina sigue atrapada en un ciclo de dependencia de inversiones privadas y decisiones de corto plazo que sacrifican el bienestar de los ciudadanos en pos de la especulación y el oportunismo político.
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