La cuenta regresiva para que la Corte Suprema falle sobre el DNU 70/23 parece haberse activado desde que el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, dijera durante una exposición en el Rotary Club de Buenos Aires que lo ideal es que las controversias las resuelva la política pero en «plazos razonables».
Con esa declaración como telón de fondo, las miradas apuntan a la acordada de los cuatro ministros de este martes, donde tomarán posición sobre alrededor de 500 causas.
Aunque los cortesanos no están obligados a fallar ahora, en el Poder Judicial observan que el desorden del gobierno conspira contra las chances de darle solución al conflicto por la vía parlamentaria. «Cuando Rosatti habló en el Rotary Club, todavía no habían volado a (Oscar) Zago», dijo a LPO un especialista en los movimientos de la Corte.
De todas maneras, la demanda sobre el decretazo de Javier Milei que primero podrían abordar los jueces sería la que interpuso el gobernador riojano, Ricardo Quintela, con el patrocinio legal del ex juez Raúl Zaffaroni. La cautelar de las centrales sindicales tuvo fallo en primera instancia y en Casación pero sobre ese expediente todavía no se corrió vista a las partes, lo cual gatillaría un plazo de 15 días hábiles para que se notifiquen y respondan.
El tercero de los litigios en danza sería el de los yerbateros de Misiones, en cuyo caso la Justicia dio la razón en segunda instancia a los demandantes. Para que llegue a las manos de los supremos, la Casa Rosada todavía tiene que apelar.
En ese contexto, un jurista consultado por este medio reconoció que «de tanto pronosticar que la Corte va a fallar alguno la va a pegar» pero enumeró una serie de hechos que sugieren el agotamiento del crédito de Milei. «La Corte dijo que no iba a fallar en la feria de enero, en febrero respondió al fuero laboral con un fallo sobre indeminzaciones después que hicieran lugar a una cautelar y fallaran contra el DNU, la primera versión de la ley ómnibus falló, el Presidente dice que no le importan las leyes hasta conseguir mayorías en 2025 y mandó los pliegos para jubilar a un juez de la Corte porque quiere tener mayoría también ahí», consignó para dar cuenta de las razones que apresuran al tribunal.
EL RECURSO PRESENTADO POR QUINTELA
El mandatario riojano instruyó a sus abogados para realizar ante el máximo tribunal de Justicia “una acción declarativa de certeza en la que se reclama la declaración de inconstitucionalidad del decreto por razones de necesidad y urgencia n° 70/2023” por producir “perjuicios irreparables a la ciudadanía”.
El Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 de desregulación económica, dictado por el Gobierno de Javier Milei, comenzó a regir este 29 de diciembre sin que la Justicia haya aún dado curso de manera favorable a reclamos de medidas cautelares de suspensión de su aplicación, en el marco de una treintena de amparos presentados por organizaciones sociales y sindicales, abogados constitucionalistas y ciudadanos particulares.
En el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal de la ciudad de Buenos Aires había, hasta ayer, al menos 25 amparos y otros dos de la CGT y la CTA ante la Justicia del Trabajo. A estos recursos, en las últimas horas se le sumó el de Ricargo Quintela, gobernador de La Rioja, que instruyó a sus abogados para presentar “una acción declarativa de certeza en la que se reclama la declaración de inconstitucionalidad del decreto por razones de necesidad y urgencia n° 70/2023” por producir “perjuicios irreparables a la ciudadanía”.
El DNU 70 fue firmado por el presidente Milei e integrantes del Gabinete, y publicado en el Boletín Oficial el 21 de diciembre último, por lo cual este viernes se cumplen los ocho días establecidos por ley para que entre en vigencia.
Qué dijo Quintela
El gobernador de La Rioja se expresó en la red social X para pedir “la suspensión total” de los efectos del decreto al considerar que “lesiona gravemente el federalismo, la institucionalidad de nuestra república, y se coloca en un estado de vulnerabilidad al conjunto de la sociedad argentina en sus derechos laborales, sociales, económicos y culturales”.
“En el día de la fecha instruí a los abogados E. Raúl Zaffaroni y Raúl Gustavo Ferreyra para que formalicen ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una acción declarativa de certeza en la que se reclama la declaración de inconstitucionalidad del decreto por razones de necesidad y urgencia n° 70/2023 que produce perjuicios irreparables a la ciudadanía por resultar contrario a los artículos 1, 5, 14, 14 bis, 17, 19, 28, 29, 31, 36, 75, 99, 121 y subsiguientes de la Constitución Federal y el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Así mismo, se ha pedido el dictado de una medida cautelar que disponga la suspensión total de efectos del decreto n° 70/2023 y que ordene al Poder Ejecutivo de la Nación a no aplicar ninguna de sus disposiciones hasta la resolución definitiva de la causa”, expresó Quintela.
Y argumentó: “Con la vigencia del DNU N° 70/2023 se lesiona gravemente el federalismo, la institucionalidad de nuestra república, y se coloca en un estado de vulnerabilidad al conjunto de la sociedad argentina en sus derechos laborales, sociales, económicos y culturales. Por eso, este reclamo que lo hago en nombre de mi provincia, busca en el Poder Judicial de la Nación un pronunciamiento que garantice la vigencia del estado de derecho y consolide los valores de nuestra Democracia”
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