La doble vara del Ministro de Desregulación, un fundamentalista del achique del sector público de la boca para afuera, quedó en evidencia en diciembre pasado cuando firmó la adjudicación directa (sin licitación pública) de la empresa que encabeza su esposa, por 114 millones de pesos, para capacitar a 132 empleados públicos. Desde el entorno de los organismos involucrados intentaron justificar la decisión en que el instituto de Roulliet era “el único capaz de brindar cursos en inglés” (sic), que el convenio se había iniciado en 2018 y que para el último acuerdo se había aplicado un protocolo que solicitaba un dictamen de la Oficina Anticorrupción.
La novedad que ayer aportó El DiarioAR data de febrero de 2024, cuando Diana Mondino era canciller y el futuro ministro aún no tenía cargo pero ya se relamía en videos que circulaban por las redes sociales mostrándose junto a pilas de papeles con leyes y estructuras estatales que pretendía barrer.
El convenio de renovación de contrato entre Cancillería y la Cultura Inglesa suscripto el 27 de febrero de 2024 fue por 55,3 millones de pesos, un 398 por ciento mayor al firmado por Fernández en marzo de 2023, de 11 millones. La inflación en el mismo período fue de 276 por ciento, lo cual deja en evidencia un pésimo acuerdo para el Estado, demonizado por su presunta ineficacia por la flamante gestión.
“El Coloso”, como lo bautizó el presidente, no está pasando su mejor verano. En los últimos días quedó en el ojo de la tormenta de la propia tropa libertaria desde que su incontinencia verbal instaló en los medios el tema del descuento salarial que la reforma laboral pretendía aplicar a los trabajadores que se enferman, punto que debió eliminar por el rechazo que generó aun en los estómagos curtidos de sus aliados del Pro y la UCR.
Además, la semana pasada, tal como informó Página/12, Sturzenegger volvió a ser noticia cuando trascendió que su cartera firmó el 30 de noviembre un contrato alquiler de cuatro pisos y 24 cocheras en el centro porteño por 720 millones de pesos, más los gastos de expensas, internet y otros servicios que se pagan con plata del Estado.
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