Karina Milei comprendió que necesitaba fierros para apuntalar sus armados provinciales y encontró en Vialidad Nacional la herramienta perfecta: descabezó al organismo, puso a un hombre de Lule Menem al frente y reemplazó a quince delegados provinciales que habían llegado, en su mayoría, por acuerdo con los gobernadores dialoguistas. El mensaje es claro: “El poder es nuestro”.
La decisión se conoció en la previa a la reunión que los gobernadores del malogrado Juntos por el Cambio tienen agendada este jueves en Casa Rosada con Guillermo Francos, lo que le puso algo de tensión a la previa. No es el único tema que los gobernadores llevarán al encuentro con el jefe de Gabinete: también hay bronca por la decisión de Luis Caputo de aumentar una vez más los subsidios al transporte en el AMBA para contener el precio del boleto y que no se recaliente la inflación, mientras se mantiene la decisión de no subsidiar el boleto del transporte público del interior.
Por lo pronto, la orden se repite en todas las provincias: los mandatarios provinciales ordenaron a los funcionarios salientes que les responden no hablar del tema. Hay una pequeña esperanza de dar vuelta la decisión en la reunión porque esos nombramientos habían sido acordados con Francos.
“No hay chance, en eso somos kamikazes”, aseguró tajante una figura de La Libertad Avanza que puso al delegado de Vialidad Nacional en su provincia. Según trascendió, no hubo ni siquiera un aviso de cortesía a los gobernadores perjudicados: se enteraron por el e-mail que llegó a las casillas institucionales de cada delegación.
El zarpazo de Karina Milei
El movimiento de la Hermanísima para quedarse con el organismo encargado de controlar y mantener las rutas nacionales se dio en dos tiempos. Primero, hace dos semanas, forzó la renuncia de Raúl Bértola, primer jefe de Vialidad Nacional que tuvo la gestión de Javier Milei. Bértola formaba parte del grupo de exfuncionarios de Juan Schiaretti que desembarcaron en puestos clave del gobierno nacional al principio de la gestión libertaria. En Córdoba había estado al frente de la Dirección Provincial de Vialidad durante la estadía del “Gringo” en el Panal.
El cordobés dejó su cargo a mediados del mes de julio, pero antes hizo el trabajo sucio: fue el encargado de instrumentar un fuerte plan de ajuste que incluyó despidos en todo el país y hasta la transferencia del control de varias rutas nacionales a las provincias, preocupadas por la falta de mantenimiento. En Santa Fe, por ejemplo, el plan incluía todas las arterias que abastecen al complejo agroexportador portuario del Gran Rosario. Bértola les compartió el borrador del convenio a los funcionarios santafesinos el mismo día en el que tuvo que renunciar.
En el lugar de Bértola asumió Marcelo Campoy, un ingeniero que ya había estado al frente de Vialidad en el último tramo del gobierno de Carlos Saúl Menem. Lo que pareció un capítulo más del revival noventoso al que acostumbra Milei, en realidad fue la confirmación de que el control del organismo había sido colonizado por El Jefe: detrás de Campoy asoma la figura de Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional y empoderado por Karina Milei como su armador en las provincias, a cargo del sueño del sello propio en cada distrito.
Las delegaciones con las que se quedaron Karina Milei y Lule Menem
El segundo paso del plan de la secretaria general de la presidencia y su operador fue correr a quienes encabezaban quince de las veintitrés delegaciones provinciales de Vialidad Nacional. Lo hicieron de manera simultánea, repentina y por e-mail. En su mayoría, se trataba de funcionarios que respondían a los respectivos gobernadores, todos dialoguistas, que habían podido colocar a su gente en esos cargos nacionales a mediados de mayo por medio de un acuerdo con la Casa Rosada que, a la luz de los hechos, duró poco.
En Santa Fe, por ejemplo, corrieron a Javier Picinato -quien reportaba al ministro de Obras Públicas Lisandro Enrico- para que su lugar sea ocupado por Gastón Bruno, un arquitecto con pasado como secretario de Obras Públicas de Funes, una ciudad mediana ubicada al lado de Rosario, durante la gestión del PRO Diego León Barreto. A Bruno lo impulsó Romina Diez, la diputada que hace y habla en nombre de Milei en Santa Fe y una de las que recibió la visita de El Jefe en el marco de un evento de afiliación.
Rogelio Frigerio fue otro de los afectados. El gobernador de Entre Ríos había impulsado a Guillermo Marcone al frente de la delegación de Vialidad Nacional en su provincia. Marcone es arquitecto y fue uno de los artífices del reflote del MID en ese distrito al servicio de Frigerio. Lo reemplazó Leandro Burgos, un técnico sin pertenencia partidaria conocida que antes trabajaba para la empresa constructora Lossi, contratista del estado que estuvo a cargo, por ejemplo, de la reconstrucción de un tramo de la Ruta 18. En el gobierno de Entre Ríos no quedaron satisfechos con el trabajo.
En Córdoba, el perjudicado fue Martín Llaryora. El gobernador había logrado que Federico Eslava siga al frente de la delegación de Vialidad Nacional que ocupaba desde 2023 a pesar del cambio de gobierno. Fue una forma de contener al joven que había perdido la disputa por la intendencia de San Francisco del Chañar. Sin embargo, no sobrevivió al zarpazo de la hermana presidencial y tuvo que ceder su lugar a Enrique Lluch, dueño de una empresa constructora.
Chubut fue otro escenario del operativo que diseñó Lule Menem. Allí, el experimentado Julio Otero fue corrido del cargo que ocupaba desde 2020 y en el que también se había desempeñado entre 1997 y 2020. Otero, quien fue funcionario de los gobiernos de Mario Das Neves y Martín Buzzi, se había mantenido en el cargo porque la Nación no encontraba reemplazantes. Finalmente, su lugar fue ocupado por Marcelo Torrisi, excandidato libertario a intendente de Lago Puelo.
En otros distritos se aprovecharon las vacancias. Fue el caso de Bahía Blanca, donde asumió Andrés Junquera -un ingeniero civil que cumple funciones hace una década en esa delegación-; San Luis, que quedó a cargo de Gonzalo Vergés Manzur -ingeniero civil con paso por la función pública en el último gobierno de Alberto Rodríguez Saá-; y Corrientes, donde se hizo cargo el polifuncional David Moulin: es abogado, viene de dirigir el PAMI y es también apoderado de La Libertad Avanza allí. También hubo cambios en otras provincias, como Neuquén y La Pampa.
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