El Tribunal Superior de Justicia provincial rechazó las medidas cautelares presentadas por ONG ambientalistas y consideró «legítimos» los actos de gobierno que promueven la exploración de yacimientos mineros en una reserva natural ubicada en plena cordillera de los Andes y en el Departamento Capital, al norte de esta ciudad.
El presidente de la Fundación Ambiente y Desarrollo, el abogado Raúl Vidable, autor de la medida cautelar junto con la Asamblea Ciudadana de La Rioja capital, aseguró que «este fallo significa que el TSJ nos admite formalmente el amparo, se va a seguir discutiendo la problemática, pero hasta que llegue esa resolución de fondo, las empresas mineras quedan aprobadas para hacer prospección y exploración minera en esas zonas».
Las organizaciones ambientalistas pretendían mediante esas acciones legales proteger la reserva natural Laguna Brava, ubicada unos 350 kilómetros al oeste de la capital provincial, en plena cordillera de los Andes, a unos 4.200 metros de altura. También buscaban «proteger a la población de la ciudad de La Rioja, ya que el gobierno impulsa la exploración de uranio en la zona de El Cantadero, a 15 kilómetros del centro del distrito capitalino». Esta exploracion estaba a cargo de la empresa del Estado Nacional, Dioxitec, con sede en Córdoba.
Las cautelares objetaban las resoluciones de la Secretaría de Minería provincial que permitieron aprobar los informes de impacto ambiental en zonas críticas. La resolución del Superior Tribunal de Justicia estableció que «no corresponde hacer lugar a medidas cautelares intentadas en contra de actos legislativos o administrativos por la presunción de legitimidad de la que gozan y atento al limitado poder de revisión que este cuerpo ostenta».
Vidable sostuvo que el Superior Tribunal «no está siguiendo la jurisprudencia nacional», que sugiere a los jueces «llegar antes que el daño» provocado por contaminación.
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