La juez de la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia, Sara Alicia López Douglas, dejó en claro en una notificación enviada a la abogada Soledad Varas la falta de infraestructura del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), razón por la que tuvo que dar prisión domiciliaria a un interno que está procesado por abuso sexual.
En la cédula de notificación con fecha 11 de diciembre último, firmada por la secretaria Florencia Fernández Valdez, de la mencionada cámara, la jueza da a conocer la resolución del expediente Nº 17.931, año 2014, caratulado “Varela, Adrián Ricardo – habeas corpus correctivo”.
En este sentido, la magistrada hace lugar al pedido de prisión domiciliaria del acusado Adrián Ricardo Varela y aclara que es “a los fines de no agravar más la situación del detenido”, quien sufrió un golpe hace un tiempo atrás mientras se bañaba en el SPP y a raíz de ello necesita la colocación de una prótesis la cual demora tres meses en llegar a la Provincia.
Cabe aclarar que la jueza ordena al director del penitenciario que arbitre los medios para que cada 15 días “la médica del penal o algún otro facultativo médico constate el estado de salud del interno, e indique si sus condiciones de salud son aptas o no para el reingreso del penal. También le exige al jefe del SPP que agilice los trámites ante el hospital Vera Barros para obtener la prótesis.
Además, ordena la custodia permanente del domicilio en donde estará el interno y deja explícitamente aclarado que “una vez que el acusado se encuentre apto físicamente, deberá retornar al penal”.
Asimismo, el cuarto punto de la notificación sale fuera de lo común ya que la jueza ordena que se ponga en conocimiento al ministro de Gobierno, Claudio Saúl, y a la Secretaría de Derechos Humanos para que tomen las medidas pertinentes.
Al respecto informa a las autoridades de las mencionadas áreas que “atento los informes de las distintas áreas del Servicio Penitenciario Provincial, que dan cuenta las condiciones de las instalaciones – superpoblación y hacinamiento – y asimismo lo informado por el hospital Enrique Vera Barros, acerca de la no disponibilidad de camas para alojar a un interno; lo cual hubiese evitado la prisión domiciliaria, y en atención a la responsabilidad que le cabe en este aspecto al Estado provincial, no sólo en cuanto a las condiciones de detención sino también en cuanto a la seguridad de los ciudadanos”.
El hecho denunciado deja evidenciado la imperiosa necesidad de contar en el corto plazo con un nuevo penal, pero también es válido recordar que el Gobierno trabaja en este sentido y que inclusive tiene en vigencia un proyecto para un nuevo edificio.
JUECES CONTRADICTORIOS
Ante esta situación la abogada Soledad Varas, trajo a colación la situación de Matías Oliva quien fue trasladado días atrás al SPP sin estar procesado por orden del juez de instrucción Daniel Barría quien dispuso esa acción con el fin de evitar el escape del acusado de matar a Mario Taboada; lo que se contradice con la realidad carcelaria.
Por esta razón, la abogada defensora de Oliva manifestó que la orden judicial del traslado de su cliente obedece exclusivamente a la presión mediática ejercida por la familia de la víctima, ya que la situación procesal del detenido no exige que esté alojado en el SPP, en donde justamente una jueza de cámara, después de agotar todas posibilidades para evitar dictar la prisión domiciliaria a un interno, resuelve hacerlo debido al hacinamiento y superpoblación que existe en el penal.
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