Casi dos de cada tres bonaerenses sostienen que la responsabilidad de la desaparición de Santiago Maldonado es del Gobierno Nacional y son muy pocos los que sospechan de la comunidad mapuche o le adjudican la responsabilidad a la justicia. Una mayoría también afirma que existe un acuerdo entre el Gobierno y la Gendarmería para ocultar la verdad y una proporción mayoritaria, que incluye indudablemente a votantes de Cambiemos, considera que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, debería renunciar. “No hay duda de que la aparición de un cuerpo, probablemente de Santiago Maldonado, es un dolor de cabeza para el Gobierno. Y se pone en movimiento el imaginario popular que tiene tiempos mucho más breves que la justicia”, señaló Roberto Bacman, titular del Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP).
Los datos surgen de una encuesta realizada precisamente por el CEOP en el marco de un sondeo electoral en la provincia de Buenos Aires. En total se entrevistaron, por teléfono, a 1.500 personas de todo el territorio bonaerense, respetándose las proporciones por edad, sexo y nivel económico-social. Según el estudio, el 62 por ciento cree que el principal responsable de la desaparición de Maldonado es el Gobierno. Un 53 por ciento está de acuerdo con que hubo un acuerdo entre el Gobierno y la Gendarmería para ocultar la verdad y un 59 por ciento piensa que Bullrich debería renunciar.
“Hay todavía demasiados interrogantes –sostiene Bacman–. Mientras tanto, la gente va tomando partido, estructura opiniones, genera actitudes. En síntesis, hasta que la verdad salga definitivamente a la luz, importan más las percepciones. Es lo que se denomina realidad percibida. En este trabajo de campo –explica el titular del CEOP–, realizado en la provincia de Buenos Aires a un día de encontrado el cuerpo, algo más de seis de cada diez bonaerenses dejan al descubierto su convencimiento de que el gobierno nacional sigue siendo el principal responsable de esta desaparición. La figura que de manera más contundente carga sobre su espalda tal responsabilidad, es Patricia Bullrich, por su rol de ministra de Seguridad y por una supuesta protección al accionar de la Gendarmería”.
La secuencia razonada por la mayoría de los bonaerenses es bastante simple:
Santiago Maldonado desapareció en el marco de un operativo de la Gendarmería.
Las imágenes exhibieron con claridad a unos cien gendarmes actuando contra apenas ocho integrantes de la comunidad mapuche. La escena se completa con numerosos vehículos y efectivos corriendo a un puñado de personas sin armas ni actitud agresiva. Incluso se percibe a gendarmes tirando piedras.
Empezó a conocerse que la filmación fue cortada, que los vehículos se lavaron, que no había explicación de algunos movimientos de camionetas y gendarmes. A eso se agregaron una serie de mensajes entre los efectivos en los que se habla de que se llevaron a uno, que a otro se lo veía en el río flotando y que tal o cual se terminó robando los binoculares.
El Ejecutivo no sólo no apartó a esa fuerza de la investigación sino que la ministra apareció diciendo que “no voy a tirar a ningún gendarme por la ventana”. Es decir que defendió, a ciegas, a la fuerza de seguridad.
En un país con tremendos antecedentes de violencia, secuestros y homicidios de personal uniformado se reactivó la desconfianza y quedó instalada la idea de que había un encubrimiento del Ejecutivo respecto del accionar de los gendarmes.
La aparición del cuerpo en el río, sobre todo después de que Elisa Carrió afirmó que Maldonado estaba en Chile, produjo todavía una mayor sensación de que se estaba tapando la verdad.
Para el ciudadano común, en este tema y en muchos otros, el que oculta está escondiendo su responsabilidad. Y eso es lo que aparece en la encuesta del CEOP. “Si hay responsables también hay culpables y cuando le preguntamos a la gente sobre quién es culpable de la desaparición, buena parte contesta que la Gendarmería. De manera que esa es la secuencia: los gendarmes producen el hecho, el gobierno nacional dio las órdenes originales, luego aparece tapando la verdad y, por lógica, termina muy sospechado”, detalla el consultor. “Y esta hipótesis se refuerza cuando se pregunta al encuestado si la ministra debería renunciar: prácticamente seis de cada diez entrevistados así lo afirman, incluso con una tendencia al crecimiento a partir de la aparición del cuerpo. Un dato contundente que se mantiene a lo largo de las diferentes encuestas llevadas a cabo”, reafirma Bacman.
Hoy comenzará en el Cuerpo Médico Forense la autopsia sobre el cuerpo
La autopsia del cuerpo hallado en el Río Chubut que podría ser Santiago Maldonado comenzará a las 9.30 y los peritos esperan tener entre hoy y mañana los primeros resultados tanto sobre la identidad como acerca de las causas de la muerte. Será fundamental, aunque quizá tome más tiempo, el esclarecimiento de cómo llegó hasta el sitio donde fue encontrado, durante el rastrillaje de Prefectura.
El procedimiento estará dirigido por tres legistas del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema e integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), pero participarán peritos de las querellas y la Gendarmería logró hacerse un lugar con la designación de un especialista de la fuerza que representará al único imputado, el subalférez Emmanuel Echazú, que integraba el grupo de los agentes que llegaron hasta la orilla en la persecución a los mapuches en medio de la cual desapareció Maldonado. Un cotejo de fotos que muestran a Echazú en la zona con otras del sitio donde estaba el cuerpo y su proyección en un mapa satelital, indican que el gendarme habría estado a menos de 70 metros de ahí, según informaron a PáginaI12 allegados a la investigación.
Un comunicado de la fiscalía que conduce Silvina Avila dice que Echazú se presentó en la causa con “un abogado de confianza” la semana pasada, después de que “los medios de comunicación informaran sobre medidas de prueba respecto de las lesiones” que alegaba haber sufrido en la cara. “Se le dio intervención como imputado con acceso a la causa penal”, aclara la fiscal. “Es la única participación que ha tenido cualquier integrante de la fuerza investigada en el expediente, por lo que se niega categóricamente que exista una querella constituida de Gendarmería en estas actuaciones”, remarca. El hecho concreto es que a través de Echazú la fuerza favorita de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich tendrá su forense en la autopsia que se hará hoy y podrá seguir participando de otras medidas. Será el médico legista Gustavo Burstyn Milberg.
Echazú hizo un doble juego, ya que pidió ser querellante en otra causa, ligada un procedimiento la ruta 40, que precedió al ingreso de los Gendarmes a las tierras de la comunidad Pu Lof en Resistencia. Se amparó en la fractura en la cara que atribuyó a un cascotazo. De hecho, Gendarmería usó la supuesta agresión a piedrazos como justificación del ingreso al territorio de la comunidad donde desató la persecución invocando que estaba frente un “delito en flagrancia” que la habilitaba a actuar sin orden judicial. Las fotos y el testimonio de la enfermera de la fuerza mostraron después que el subalférez fue herido dentro de la comunidad y no afuera. Se lo veía caminar desde el río con la cara ensangrentada y una escopeta. O sea, la flagrancia no existía.
En la vera del río además de Echazú había por lo menos otros dos gendarmes. El gran enigma es qué pasó ahí, y quizá el cuerpo hallado de pistas o respuestas al respecto. Por lo pronto las fotos del lugar donde fue encontrado en el rastrillaje, enredado en ramas, flotando boca abajo, sería muy cercano al sitio donde también fue fotografiado Echazú. Entre ambos hay menos de 70 metros según el cálculo estimado trazado en un mapa satelital por allegados a la causa.
Como informó este diario, Echazú se movió desde dentro de la Pu Lof en una camioneta Ford Ranger OLW 237 junto con el jefe Pablo Escola. Según la Gendarmería, salió para evaluar la situación y volvió. El operativo terminó cerca de las 18 de aquel 1 de agosto, pero ni él ni Fabián Méndez volvieron a sus bases hasta las 5.30 de la madrugada del día siguiente. Nada se sabe sobre qué pasó en el ínterin. En la camioneta que usó Echazú se descartaron cinco muestras de ADN recogidas pero una no pudo ser cotejada. Fue una de las camionetas lavadas, según la denuncia del defensor Fernando Machado.
La autopsia
El avión sanitario en el que viajó el propio juez Gustavo Lleral para custodiar el cuerpo llegó ayer a la mañana a la ciudad de Buenos Aires y fue llevado a la Morgue Judicial. La decisión del Cuerpo Médico fue posponer la operación de autopsia para hoy para optimizar las condiciones de su realización. Lleral firmó una resolución donde indica los puntos centrales que deberá buscar dilucidar el estudio forense: establecer “la identidad, la data, causal y modo de la muerte del cuerpo humano hallado” y señaló una serie de medidas de resguardo. El juez dispuso que todo el procedimiento sea filmado y fotografiado y prohibió el ingreso de celulares a quienes participen.
El titular del Cuerpo Médico, Luis Mario Ginesín, designó a tres especialistas para encabezar los estudios: Roberto Cohen, Cristina Bustos y Jorge Herrbstein. A la par actuarán por el Equipo de Antropología el médico Luis Bossio y el antropólogo Carlos Somagliana. El perito de la familia Maldonado es Alejandro Incháurregui, el del Centro de Estudios Legales y Sociales es Maximiliano Amar y también intervendrá Silvia Bufalini. Por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Apdh), Ariel Rossi y Claudio Capuano, y se suman expertos de otros organismos y veedores.
El juzgado designó también un al perito papiloscópico de la Prefectura Naval Pedro Salas para que trabaje sobre las huellas dactilares. Si se lograran obtener las huellas dactilares del cuerpo, se podría constatar de manera rápida la identidad. Si ese procedimiento no fuera factible, habrá que esperar los resultados de estudios de material genético, que podrán demorar unos tres días. Se enviarían a un laboratorio de Córdoba. De todos modos, los peritos suponen que hoy se podría llegar a corroborar si el cuerpo encontrado es Santiago Maldonado.
La operación de autopsia en sí arrojará también en las primeras horas datos que podrían llevar a conocer qué fue lo que provocó la muerte y luego cómo es que el cuerpo estaba en el punto donde fue hallado. ¿El deceso se produjo en el agua o afuera? ¿Fue producto de golpes, asfixia u otro factor? Hasta el momento, lo que trascendió desde allegados a la investigación es que no tendría heridas de bala, pero nada es seguro aún. Habrá que ver si hay golpes, heridas, fracturas. Y será determinante saber cuándo murió, lo que se conoce como “data de muerte”, que podría demorar unos días.
Estos estudios científicos empezarán disipar la incertidumbre y a disipar dudas. Faltará la investigación penal. Las garantías de reparación para las víctimas son un deber del Estado.
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