En diálogo con FM Municipal (Pulso Urbano), el abogado Guillermo Galván puso al descubierto las graves y serias fallas técnicas que tuvo la orden de detención de Silvia Acoria: “se lo comunican al mediodía mediante una orden de arresto preventivo, pero lo llamativo es que no es firmada por ninguna autoridad competente”.
Galván se extendió sobre las anomalías de la notificación: “hace apreciaciones genéricas sobre los hechos que se le imputan, cuando la Ley establece que hay que precisar hecho, hora y lugar para imputar a una persona, mucho más aún cuando se procede a detenerla”. “No se puede apresar a una persona con apreciaciones genéricas, es una vergüenza judicial”, agregó.
“Por su parte –continuó- no se establece el tiempo de la sanción, no debemos olvidarnos que está en juego la privación de la libertad de una persona, no es un tema para nada menor”. El abogado recordó que “el Gobierno reconoce la calidad de vocera de Silvia Acoria, de representante del grupo de policías en diciembre, cuando se sienta frente a todo el Gabinete para manifestar la posición de los policías”.
Galván retomó los fallos técnicos de la notificación: “la acusan de ‘despotricar’, pero se debiera haber precisado ese hecho, dónde, cuándo y contra quién se despotricó; se habla de envestidura, cuando esa figura no existe, existe la investidura”. “Estamos trabajando para presentar un recurso de nulidad, revocar el acto administrativo que se inició, del cual se va a desprender un sumario”, precisó el letrado.
Galván alarmó sobre el efecto distracción de la detención: “estamos hablando de Silvia (Acoria) y nos distraemos de las cuestiones de fondo, que es la magra situación de los policías”. “Quiero llamar a la reflexión al Gobierno, que con estas acciones busca disciplinar y acallar a quienes reclaman; tendríamos que haber hablado durante este tiempo –tranquilos- sobre la obra social, viviendas, reglamentación de adicionales, que son temas que se resuelven en una tarde”, expuso.
“En lugar de solucionar temas para estas 8000 familias que esperan soluciones, seguimos enredados en causas jurídicas”, aseveró y luego concretó: “esto recién empieza, vamos a ir con denuncias penales hasta las últimas consecuencias para se haga responsable quien haya dado la orden de apresar a una persona sin firma”.
Tras enfatizar que “se está violando el derecho a la libertad de una persona”, Galván anticipó: “no dudo que va a haber otro tipo de sanciones, siguiendo esta línea de disciplinamiento en la que entró el Gobierno”. “El Gobierno debe entender que debemos bregar por la paz social de los riojanos”, concluyó.
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