“Necesitamos que entiendan que no podemos hacer otra cosa, porque sino no nos pagan”, argumentan los ex trabajadores de la curtiembre de Nonogasta que exigen se les pague una deuda que tiene 5 años.
La situación es crítica, debido a que la Justicia no hace nada para hacer que se cumplan sus derechos. Eso empuja a que los ex trabajadores impulsen una acción ilegal al cortar una ruta nacional, la cual la Justicia también ignora.
Mientras tanto, miles de ciudadanos no pueden circular libremente por una ruta nacional, argumentando quedar en situación de rehenes de un conflicto entre una empresa privada y sus trabajadores.
“La Justicia dejó que se ponga de moda el corte del ingreso a Chilecito. Ahora por cualquier conflicto que exista la van a cortar. Los chileciteños deberemos acostumbrarnos a este tipo de extorsión. La Justicia no existe para nadie acá. Ni para estos trabajadores que deben cobrar lo que se les debe, ni para nosotros que debemos pagar los costos al no poder circular por esta ruta”, dijo una mujer que vive en Nonogasta y diariamente debe perder varias horas para ingresar a la ciudad y otras varias para salir de ella.
“La entendemos a la señora, pero ella no nos entiende a nosotros. Nosotros también tenemos hijos y necesitamos ese dinero que es nuestro. Lo ganamos con trabajo”, afirman los ex trabajadores de la curtiembre.
“Es cierto que ellos pelean por algo justo, pero sus derechos terminan donde comienzan los míos. Yo vivo una tortura cada vez que en esta ruta se hacen cortes. No puedo levantar mi casa y mudarme delante de la línea del corte. Siento que me usan de rehén para poder cobrar y la Justicia no nos representa a ninguna de las partes. Miran para otro lado, cómodos desde sus escritorios de trabajo”, agrega la mujer.
Mientras tanto, los productores que visitan fincas en Vichigasta varias veces al día, deben hacerlo por la ruta de la producción que tiene una extensión de 45 kilómetros, contra los 13 de la ruta 40 que une a Chilecito con Nonogasta.
“En mi caso viajo al menos 3 veces por día a Vichigasta. Antes hacía 300 kilómetros diarios. Ahora con este corte hago casi 500 km. Esto es sumamente perjudicial porque dura siempre al menos una semana. Lo justo sería que el corte se haga en la empresa que los estafó, no a vecinos que son tan inocentes como ellos”, manifiesta un productor olivícola.
Respecto a la situación que viven los ciudadanos que deben cruzar la ruta, los trabajadores manifiestan:“Esto es por unos días. Hasta que nos paguen. Entendemos que les causamos un problema, pero nosotros queremos que se nos pague lo que nos deben. Y si no nos pagan no nos vamos a ir de acá. Por eso ahora el corte será de 2 horas”.
Y así, con posiciones sociales encontradas, la comunidad es la única perjudicada en un conflicto que se origina en una empresa privada que debe asumir sus compromisos. El gobierno que debe exigir que se cumpla con la propuesta del pago donde fueron intermediarios. Los ex trabajadores que deben apelar a la ilegalidad para poder cobrar su deuda. Gran parte de la comunidad que se ve impedida de circular libremente en una ruta nacional. Y la Justicia, que no interviene por la preocupación de quedar bien con Dios y con el diablo.