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En Julio Martín Menem fue denunciado penalmente por favorcer a una empresa familiar

Cuando el Domingo 26 varamos a votar, hay ciertos hechos que han pasado este año que no deberíamos olvidar. Promediando el mes de Julio, Martín Menem fue denunciado por favorecer con una licitación millonaria a su propia empresa familiar, Tech Security, violando normas administrativas y confirmando que, bajo el discurso anticasta, el oficialismo libertario perpetúa viejas prácticas de corrupción y nepotismo.

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Mientras se ajustan jubilaciones, se destruyen derechos laborales y se recortan servicios esenciales bajo la bandera del “orden fiscal”, un nuevo capítulo de corrupción explícita y nepotismo descarado se escribe en las altas esferas del poder libertario. El presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, es el protagonista de una denuncia penal por haber favorecido a su propia empresa, Tech Security SRL, con una licitación por más de 3.900 millones adjudicada por el Banco de la Nación Argentina.

La presentación judicial, a cargo del ciudadano Juan Ricardo Mussa, detalla con precisión cómo el titular de Diputados, que hasta diciembre de 2023 era socio de la firma, cedió sus acciones a sus hermanos apenas días antes de asumir su cargo, sin que haya transcurrido el “período de sospecha” previsto por la ley (que expira recién en diciembre de 2025). En criollo: una maniobra para simular desinversión y así facilitar un negocio multimillonario con fondos públicos.

El escándalo involucra también al presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, quien adjudicó de forma directa el contrato a Tech Security, violando normas administrativas y procedimentales básicas. La empresa fue contratada para encargarse de la seguridad de varias dependencias clave: casa central, edificio Maipú, aeroparque Jorge Newbery, entre otras. El contrato fue oficializado el 4 de julio en el Boletín Oficial de la República Argentina, con una duración inicial de dos años y posibilidad de prórroga hasta el 2029.

Lo que para algunos es transparencia, para otros es la república de los privilegios familiares. Según la denuncia, el accionar del oficialismo libertario roza múltiples figuras penales: abuso de autoridad, tráfico de influencias, incumplimiento de deberes de funcionario público y violación de la ética pública. No se trata de simples irregularidades administrativas: estamos ante un saqueo meticuloso, planificado y legalmente camuflado, operado desde el corazón mismo del Congreso y el principal banco estatal.

Un menemismo reciclado y más obsceno
Si en los 90 el apellido Menem simbolizaba la fiesta neoliberal de la patria contratista, el actual presidente de Diputados parece haber regresado con la misma receta, pero aún más obscena: uso del estado para enriquecerse en familia, con la complicidad de funcionarios que deberían controlar, y no facilitar, el saqueo.

Mientras Javier Milei grita contra la “casta” en cada micrófono, su número uno en Diputados cierra negocios oscuros con su empresa familiar desde la silla que debería representar la voluntad popular. Como si el estado fuera una escribanía riojana y el Banco Nación una caja registradora para amigos.

La denuncia exige que se investigue la trama completa, se cite a declarar a los responsables del área de compras del Banco Nación y, de confirmarse los hechos, se inicie un proceso de juicio político contra Martín Menem.

Todo mientras se apalea al ciudadano de a pie con discursos de sacrificio y libertad, y se vacía el estado para llenarle los bolsillos a los de siempre. No hay motosierra que corte la impunidad cuando los negocios se hacen entre amigos. Y mientras la Argentina se incendia, en la cima del poder libertario los Menem reparten contratos, blindan privilegios y facturan como si el estado fuera su empresa personal. La pregunta ya no es si hay corrupción: la pregunta es cuánta más están dispuestos a bancar quienes juraron venir a terminar con la casta.

Fuente: www.REALPOLITIK.com.ar

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