El Ejecutivo subrayó que la medida sancionada por el Congreso «es violatoria del marco jurídico vigente» y representa un gasto que «dañaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas». Desde la Casa Rosada, se acusó a la ley de ser un intento por «obstruir el plan económico del Presidente», y a los líderes opositores que participaron de la marcha, como Cristina Kirchner, Sergio Massa y Horacio Rodríguez Larreta, de conformar «un nuevo frente de izquierda populista».
El veto de Milei no fue una sorpresa. En un comunicado oficial previo, el Gobierno ya había adelantado su decisión, criticando a los legisladores por aprobar un «proyecto irresponsable» que incrementaría el gasto público en las universidades sin una partida presupuestaria clara. «Es momento de que los legisladores entiendan que no se puede hacer populismo demagógico con los impuestos», declararon fuentes del Ejecutivo.
En este contexto, el Ejecutivo aseguró que el verdadero debate sobre el financiamiento universitario debe tener lugar en la Ley de Presupuesto 2025, que ya asigna 3,8 billones de pesos a las universidades, aunque las casas de estudio solicitan 7,2 billones para su funcionamiento adecuado.
La marcha y la respuesta del oficialismo
A pesar del masivo apoyo popular en las calles, desde el Gobierno tildaron la movilización como un acto político. Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad, incluso insinuó la existencia de un «golpe» planeado para noviembre o diciembre, alimentando una teoría conspirativa contra los manifestantes.
En redes sociales, Milei reforzó esta narrativa, señalando que la marcha fue un intento de desestabilizar su gobierno, y compartió memes y comentarios agresivos contra los manifestantes. «Pasamos de los falsos jubilados a los falsos estudiantes de la UBA», escribió en Twitter.
¿Qué sigue para la Ley de Financiamiento Universitario?
Con el veto ya oficializado, el proyecto regresa al Congreso, donde los legisladores deberán decidir si insisten en su sanción. Si ambas Cámaras reúnen dos tercios de los votos, la ley se promulgará sin el consentimiento del Presidente. De lo contrario, el veto de Milei se mantendrá firme, y el proyecto no podrá volver a tratarse este año.
La ley, ahora vetada, buscaba actualizar los fondos destinados al funcionamiento de las Universidades Nacionales y ajustar los salarios docentes de acuerdo con la inflación acumulada, que superó el 211% en 2023.
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