El gobierno de Javier Milei es una vergüenza, en sus primeros meses de gestión, ha generado una profunda preocupación en torno al retroceso de derechos fundamentales, particularmente en las áreas de género, diversidad y derechos humanos (sin mencionar los laborales). Bajo la bandera de una supuesta «batalla cultural», su administración ha comenzado un desmantelamiento sistemático de las políticas públicas que, durante años, fueron concebidas para proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad argentina.
Uno de los primeros golpes a los derechos adquiridos fue la eliminación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, junto con organismos como el INADI, los cuales, según declaraciones del ministro de Justicia Cúneo Libarona, eran «gastos inútiles» que sólo generaban «revictimización». En la misma línea, el gobierno de Milei ha expresado su rechazo frontal a la diversidad de identidades sexuales, calificándola como un «invento subjetivo» que no se alinea con la biología. Este tipo de discursos, respaldados por aplausos de grupos conservadores que se alinean con la ultraderecha, han instalado un clima de polarización y retroceso en derechos que, durante décadas, fueron conquistados por los movimientos de mujeres y la comunidad LGBT+.
Entre las medidas más alarmantes del gobierno, se encuentra la propuesta de eliminar la Educación Sexual Integral (ESI), una política pública clave en la educación argentina. Milei ha calificado a la ESI como un mecanismo de «adoctrinamiento» que «deforma la cabeza de la gente». Este ataque a la ESI no es un hecho aislado; forma parte de una serie de iniciativas que buscan desmantelar todo avance en términos de derechos reproductivos y de género. Al proponer también la eliminación del INADI y otras instituciones que protegen a las minorías, se profundiza la amenaza hacia la equidad y la inclusión en Argentina.
A estos retrocesos en políticas de género se suman declaraciones peligrosas como las del senador libertario Juan Carlos Pagotto, quien durante un debate en el Congreso propuso eximir de pena a las familias que entreguen a sus hijos en situaciones de «estado de necesidad». Aunque el rechazo fue inmediato y generalizado, el sólo hecho de plantear la legalización de la venta de niños es una muestra del extremismo que caracteriza a este gobierno. Si bien esta propuesta no ha prosperado, su simple mención es un indicio inquietante de hacia dónde pueden dirigirse las políticas del país si estas ideologías logran ganar más terreno.
El gobierno de Milei parece estar basado en un modelo que mezcla un fuerte rechazo al «estatismo» con un ataque frontal a las conquistas sociales más fundamentales. La eliminación de ministerios y programas que buscan la igualdad y protección de los más vulnerables, junto con propuestas que rozan lo aberrante, como la idea de legalizar la venta de niños, forman parte de una agenda que pone en peligro la democracia y los derechos humanos en Argentina.
Este gobierno se encuentra en una peligrosa encrucijada entre la «libertad» pregonada por Milei y el desmantelamiento de las estructuras que aseguran derechos básicos a los ciudadanos. Bajo la bandera de la «libertad individual», lo que realmente parece estar ocurriendo es una erosión del Estado como garante de derechos, especialmente para aquellos que no tienen voz en un mercado que, en teoría, todo lo regula.
En este contexto, es vital que la sociedad argentina permanezca alerta y unida frente a estos intentos de retroceso. Las conquistas en materia de género, derechos humanos y protección de la infancia no son solo un logro de gobiernos anteriores, sino de miles de personas que, desde las calles y las organizaciones, han luchado por un país más justo e igualitario. Ceder ante estas políticas regresivas significaría traicionar esa lucha y, lo que es más grave, dejar a las futuras generaciones expuestas a una Argentina que camina peligrosamente hacia la desigualdad y el autoritarismo.
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