El dato no es solo técnico: refleja un enfriamiento de la actividad económica que impacta de manera directa en los ingresos provinciales. Para La Rioja, este escenario tiene consecuencias concretas. En una economía donde el Estado cumple un rol central como motor de actividad, menos coparticipación significa menos margen para sostener salarios públicos, servicios esenciales y obra pública, con efectos inmediatos sobre el consumo y el empleo local.
Desde una mirada política, el ajuste no se distribuye de manera equitativa. Mientras el Gobierno nacional avanza en el ordenamiento de sus cuentas, el impacto fiscal se traslada al interior, debilitando la previsibilidad financiera de las provincias y tensionando el federalismo.
La caída de recursos obliga a los gobiernos provinciales a tomar decisiones difíciles, en un contexto social cada vez más sensible.
El mensaje es claro: la reducción de la coparticipación ya se siente en las provincias.
En territorios como La Rioja, donde cada peso que ingresa dinamiza la economía local, estos números dejan de ser estadísticas y se transforman en una señal política con impacto directo en la vida cotidiana de la población.
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