La joven diputada, oriunda de Santa Fe, explicó que ella concurrió al penal de Ezeiza sin conocer el objetivo verdadero de la visita, ya que su organizador, su colega Beltrán Benedit, solo le había anticipado que se trataba de una visita “con fines humanitarios”. A raíz de este “engaño” y del escándalo posterior que se desató, Bonacci admitió que no descarta apartarse del bloque de La Libertad Avanza. La misma intención tendría otra de las concurrentes al penal de Ezeiza, la diputada de Mendoza Lourdes Arrieta.Ads by
El tema se discutirá hoy en una reunión de bloque de La Libertad Avanza, presidido por el cordobés Gabriel Bornoroni. Será un encuentro tenso, ya que a la amenaza de una ruptura del bloque se suma la presión de distintos bloques de la oposición para que una comisión ad-hoc investigue el accionar de los seis diputados que concurrieron al penal y, eventualmente, se imparta algún tipo de sanción disciplinaria.
El kirchnerismo pretende ir más a fondo e impulsarán la expulsión, al menos de los instigadores de la visita. Los bloques dialoguistas, empero, creen que la sanción no debería ser tan extrema.
El problema, en rigor, no es solo la visita a Ezeiza sino la justificación que esgrimió Benedit a sus colegas una vez que trascendió el encuentro. “Represión es algo que compete a las fuerzas de seguridad en todo caso, fuimos a ver ex combatientes que libraron batallas contra la subversión marxista por orden de un gobierno constitucional (…) Los cargos no han sido probados, no tienen condena firme y en muchos casos son inventados”, enfatizó en un mensaje de Whatsapp.
Hasta ahora tanto Menem como Bornoroni se limitaron a despegarse de lo sucedido. “Son actos individuales de algunos diputados. No es la posición del bloque de La Libertad Avanza, no es la posición de este presidente de la Cámara ni del Gobierno”, aclaró Menem en diálogo con Javier Negre, del canal EDATV. Sin embargo, no condenó los hechos ni adelantó sanciones.
Sin embargo, los dichos de Menem no aplacan la turbulencia interna. El sábado pasado, durante una entrevista a un canal televisivo de Rosario, Bonacci admitió que fue “engañada” al penal de Rosario y sugirió que Menem estaba al tanto de la visita.
“Yo recibí una invitación por parte de un colega y de hecho confié, que creo que ese fue mi mayor error, parece absurdo decirlo, primero porque era una vista con un buen objetivo de fondo, y segundo porque aparentemente tenía el OK de Menem y de Casa Rosada, de que esta visita estaba ok”, dijo.
A su regreso del penal, la legisladora se comunicó con Menem, según relató. “Compartimos una llamada telefónica de menos de 10 minutos, que la hice yo, para plantearle cuál era mi postura y de dónde venía mi enojo con mi compañero -relató-. En ese momento (Menem) desconocía un poco lo que estaba sucediendo porque había sido muy incipiente, según él, pero la realidad es que la visita se realizó con una combi oficial, eso se hace por medio de un pedido desde la aplicación de los diputados, y realmente tiene un OK dado desde Presidencia o desde la misma gestión, porque si no, no te habilitan un vehículo para trasladarte a donde vos quieras”.
La legisladora insistió en que ella concurrió al penal sin haber sido informada sobre los verdaderos objetivos de la visita. “Yo digo que sentí un engaño desde el momento que a mí no se me proporcionó la información completa del objetivo real de la visita. Yo hablé tres veces por teléfono con mi compañero de bloque, le consulté cuál era el objetivo final de esa visita y no entró más en detalles que decir que era una visita humanitaria, que iba a ser muy importante, que iba a ser muy lindo, que teníamos que participar. De hecho, fue muy insistente con la invitación”, añadió.
Cuando Bonacci cayó en cuenta de cuál era el objetivo -entrevistarse con represores condenados por delitos de lesa humanidad- ella prefirió no participar y se mantuvo aparte del encuentro.
La diputada santafecina admitió sentirse “engañada” por los colegas que organizaron la visita y no descartó apartarse del bloque de La Libertad Avanza. “A mí me genera demasiado malestar estar dentro de de este bloque de esta manera, con tanto secreto, con tanto ocultar información. Es incómodo humanamente quiero decir, y esto lo sabe tanto el presidente de la Cámara como el presidente del bloque. No definí todavía si me voy del bloque, pero lo estoy pensando”, dijo.
La visita a Ezeiza por parte de este grupo de diputados libertarios desató un cisma interno en la bancada, que mañana se reunirá para discutir este asunto. Ante la posibilidad cierta de que tanto Bonacci como Arrieta pegaran el portazo, la diputada Marcela Pagano se contactó con ambas para intentar contenerlas, sobre todo porque en la próxima sesión -prevista para el 7 del mes próximo- el kirchnerismo insistirá en que se conforme una comisión para que evalúe la conducta de los seis legisladores.
En el bloque libertario el clima es un hervidero. El diputado libertario Carlos D’Alessandro advirtió el jueves pasado que podría sumarse a la ofensiva del kirchnerismo si se crea una comisión para evaluar responsabilidades y sanciones contra los legisladores de su bloque que visitaron a Alfredo Astiz y otros represores condenados en el penal de Ezeiza.
“Entiendo que desde Unión por la Patria están impulsando la creación de una nueva comisión para, de alguna manera, tener este tipo de contralor sobre los diputados y sobre el daño que le pueda hacer al Poder Legislativo y, si Unión por la Patria propone eso, yo lo voy a apoyar”, planteó en una entrevista por el canal A24.
Hasta ahora ni Menem ni Bornoroni dieron señales sobre qué harán para preservar a su bancada de la embestida kirchnerista, la cual tendría el apoyo de sectores de los bloques de la oposición dialoguista. Fuentes oficialistas confiables deslizaron a LA NACION que la preocupación es creciente, sobre todo si las dos diputadas deciden finalmente dar un portazo. Significaría un fuerte golpe político a la autoridad de ambos en la Cámara de Diputados.
Justificaciones y silencio
Los restantes concurrentes al penal optaron por mantenerse en silencio. El único que justificó la visita fue su ideólogo, el diputado Benedit, cuando trascendió el escándalo.
“Fuimos a ver a excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista por orden de un gobierno constitucional”, explicó Benedit, el organizador del evento, a través de un mensaje de WhatsApp que se viralizó en las redes sociales y que ratificó a LA NACION.
El mensaje telefónico de Benedit contiene, además, una suerte de autocuestionario que defiende sin tapujos a los detenidos, niega los crímenes probados por la Justicia y rechaza algunos consensos básicos alcanzados en democracia. “¿Qué edad tenían estos presos al momento que se le inventan los cargos? Entre 19 y 23 años. ¿Los cargos han sido probados? No, muchos son inventados”, señala uno de los fragmentos. Y subraya: “Vamos a hacer un escrito que dirá que no se cumplen los derechos humanos porque quienes fueron parte (terroristas) hoy se erigen en jueces y fallan en función de la venganza, la ideología y el negocio”.
Uno de los exmilitares detenidos con los que se reunieron los legisladores libertarios es Alfredo Astiz, condenado a cadena perpetua por el secuestro, tortura y desaparición de dos monjas francesas, Alice Domon y Léonie Duquet, así como de tres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, Esther Ballestrino, María Ponce de Bianco. En ausencia, Astiz también fue condenado a perpetua en Francia. El tema no formó parte del intercambio entre Javier Milei y su par de Francia, Emmanuel Macron, el viernes pasado, en París, según informaron fuentes oficiales del gobierno argentino.
La visita a represores abroqueló de un mismo lado tanto al kirchnerismo como a referentes de la oposición dialoguista, que pidieron respuestas institucionales. La bancada que comanda el legislador santafesino Germán Martínez reclamó la conformación de una comisión especial que, en un plazo de 20 días, “determine responsabilidades y proponga las medidas que el caso demande”. Se le suma el proyecto de resolución de Gisela Marziotta, integrante del mismo bloque, donde pide la exclusión de los seis legisladores oficialistas de la Cámara, en función de lo dispuesto por el artículo 66 de la Constitución Nacional.
Cristian Ritondo, el líder del espacio Pro en Diputados, se sumó al repudio general y solicitó al presidente de la Cámara, Martín Menem, una “solución institucional”. Algo similar ocurrió con el radicalismo, que si bien no hizo una demanda concreta sobre medidas sancionatorias, condenó el accionar de los diputados libertarios a través de las redes sociales.
Entrevistado por un medio digital español, Menem se limitó a despegarse de los hechos. “No es la posición del bloque de La Libertad Avanza, no es la posición de este presidente de la Cámara ni del Gobierno. Son actos individuales de algunos diputados”, aclaró en diálogo con Javier Negre, del canal EDATV. Sin embargo, no condenó los hechos ni adelantó sanciones.
La combi oficial
La polémica por el “Astiz gate” escaló cuando se conoció que los seis diputados libertarios se habían trasladado a Ezeiza en una de las combis que forman parte de la flota oficial de autos. Esto dejó desmarcado a Sharif Menem, quien oficia como director general. Entre otras cosas, el sobrino segundo del presidente del cuerpo está encargado de la autorización de uso de los vehículos de la Cámara baja.
Sin justificar el accionar de la media docena de diputados que pidieron la combi, fuentes cercanas a los Menem desligaron a Sharif de cualquier responsabilidad. Según explicaron a LA NACION, el sistema de solicitud de vehículos permite reservar un auto sin intervención de las autoridades siempre que sea para menos de cinco personas.
“El tema es que Benedit pidió un auto para cuatro personas y aclaró en los comentarios que iban más. Por eso se aprobó automáticamente, sin que nadie revisara el pedido”, precisaron. Tal como se detalla, hay capturas que evidencian que el legislador entrerriano ingresó en el sistema oficial un número menor de asistentes para concretar la reserva.
A través de una nota, el jefe del bloque UP pidió detalles sobre este procedimiento al presidente del cuerpo. “Debe dar precisiones sobre los hechos reseñados que hacen parecer que nos encontramos frente a una actividad institucional”, indica Martínez.
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