La reforma tiene estado parlamentario. El magistrado comentó que hicieron un intercambio de opiniones con el bloque mayoritario, estuvo presente el bloque radical y el ministro Saul.
En ese aspecto indicó que la reforma, “Es una necesidad jurídica y tenemos que dar eficiencia a la justicia y al proceso penal, fundamentalmente”.
“Hay cosas que se pueden cambiar y mejorar y la clave está en la implementación que se haga”, continuó.
Expuso asimismo que, “Muchas cosas se van a solucionar porque a veces son problemas que terminan en la impunidad, y todos los asuntos que son de vágatela van a ser canalizados con otro tipo de soluciones para que se descomprima el sistema”.
“El tema carcelario, de la infraestructura hay que mejorarla y vamos a necesitar otro tipo, por eso esto lleva su tiempo, porque la implementación es de acuerdo a los recursos”, expresó.
Edad de inimputabilidad
“Es un tema que hay que ponerlo sobre la mesa. Hay que hacer un estudio, tener datos en mano y podría ser factible. El delito es un producto social, por eso hay que dar remedios sociales para hacer una tarea preventiva”, adhirió.
Brizuela y Doria sobre la reforma judicial: «No nos servirá de nada si no tenemos autarquía financiera»
En pleno proceso de la reforma, la diputada reclamó tratamiento del proyecto presentado por su bloque, para otorgar independencia económica a la Función Judicial. «Los jueces no son empleados del Gobernador, para que la justicia funcione correctamente, necesitamos independencia presupuestaria», advirtió.
La diputada provincial Inés Brizuela y Doria reclamó el tratamiento del proyecto de autarquía financiera de la Función Judicial que tomó estado parlamentario en la Legislatura, por considerarlo «fundamental» en plena discusión de la reforma.
«Es una herramienta fundamental para avanzar en la necesaria independencia de la justicia, y terminar con la dependencia económica que genera también dependencia de los jueces del poder político», precisó.
Subiendo el tono de sus declaraciones, aclaró que «los jueces no son empleados del gobernador, solo se deben a la constitución y a la ley. Y en la medida que la justicia pueda, no solo elaborar su presupuesto, sino proyectar y planificar el año judicial, determinar sueldos, las inversiones necesarias, asegurar los insumos y los elementos que hacen falta, la justicia funcionará correctamente».
Luego se refirió al recurso humano: «No alcanzan los esfuerzo aislados de los magistrados, funcionarios y del personal de la FJ, si no cuentan con una herramienta esencial, como es la autarquía».
Autarquía
Brizuela y Doria recordó que su espacio político viene insistiendo con la autarquía desde la última reforma constitucional, en el 2007. «Allí quisimos introducirlo en la constitución para asegurarla en el texto, y el oficialismo se negó. La solución es una ley como ésta, que prevé que un porcentaje del presupuesto general de la provincia, se destine para esta Función del Estado».
Consideró «oportuno» el tratamiento ahora «que el gobierno se muestra tan interesado con avanzar con la reforma. Por mas que sancionen las mejores leyes, si la justicia no tiene autarquía, que es una de las llaves de la independencia, no se podrá avanzar».
Finalmente reclamó el debate «como corresponde, en el ámbito institucional. Nosotros no fuimos invitados a la reunión que anunciaron con los funcionarios judiciales y el ministro, porque fue solo con los bloques oficialistas. Siguen confundiendo la institución, con el partido y el bloque».
«Reclamamos un debate abierto y serio donde podamos, humildemente, hacer nuestros aportes. Sino tenemos todo el derecho de dudar de las buenas intenciones de la reforma. Que el ministro, el presidente del TSJ y el fiscal general vayan a las comisiones, donde debemos debatir, para que se haga una reforma que tenga concenso, porque sino estará destinada al fracaso», concluyó.
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