“La aplicación de ninguna vacuna contra el COVID va a ser obligatoria”, introdujo.
La funcionaria rectificó así sus propios dichos y los del jefe de Gabinete del Ministerio de Salud, Lisandro Bonelli, que ayer habían planteado la obligatoriedad. En cambio, los ministros de Salud de la Nación, Ginés González García, y de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, habían expresado lo contrario.
El Gobierno quiere dejar atrás las dudas y dar un mensaje uniforme detrás del cual se encolumnará la que aseguran será una de las campañas de vacunación más importantes de la historia.
Para llegar a esa etapa, primero se necesita que alguna de las fórmulas que se encuentran en investigación concluya la fase 3 de pruebas. Esta semana, el gobierno argentino anunció que avanzó con un principio de acuerdo con Rusia para comprar 25 millones de la vacuna Sputnik-V, que estaría en condiciones de comenzar a ser aplicada a grupos de riesgo a partir de diciembre si no surgen contratiempos. A la par, mantiene abiertas negociaciones con Pfizer, AstraZeneca y otros laboratorios que también tienen proyectos avanzados de vacunas contra el coronavirus.
En la Argentina, la ley 22.909 establece que las vacunas son gratuitas y obligatorias para todas las personas. Es una política pública que prioriza tanto el beneficio individual como el impacto social. Son gratuitas porque es responsabilidad del Estado asegurar su acceso en todo el país.
Además, en enero de 2019 se promulgó la Ley 27.491 de Control de enfermedades prevenibles por vacunación, donde también entraría el COVID-19, sancionada en diciembre de 2018 por unanimidad en las dos cámaras.
Los anuncios oficiales vinculados al arribo de la vacuna contra el coronavirus a la Argentina provocaron una gran discusión, sobre todo en personas que temen aplicarse fórmulas que aún no cuentan con suficiente evidencia científica sobre su efectividad. Además, la pandemia ha provocado acelerar plazos y estudios que en otros momentos y para otras enfermedades hubieran requerido mucho más tiempo.
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