La mayoría de los jefes provinciales alegaron falta de recursos y se volcaron por mantener solo parcialmente el beneficio o paliar el impacto fortaleciendo los subsidios provinciales con los que ya contaban. Otros optaron por no tomar ninguna medida alternativa para morigerar el impacto en las boletas.
La provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, gobernadas por María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta (Cambiemos), fueron dos de los ocho territorios que se hicieron cargo con recursos propios de la tarifa social eléctrica tal como existía hasta el 31 de diciembre de 2018. Subsidian el 100% del costo mayorista de los primeros 150 kilovatios hora (kwh) consumidos por mes y el 50% de los siguientes 150 kwh. No fueron los únicos: también mantuvieron este esquema Formosa, Río Negro, Neuquén, Mendoza, La Rioja y Entre Ríos.
Otras provincias decidieron sostener el subsidio pero por un período de tiempo acotado y solo a los fines de suavizar el impacto y no trasladar el nuevo costo abruptamente en meses de verano, donde el consumo de electricidad es superior. En el caso de Jujuy, decidió mantenerlo tres meses, Corrientes lo está sosteniendo mientras evalúa un nuevo esquema; Córdoba se hizo cargo durante tres meses del 50% del beneficio y Santa Fe, lo hizo durante el primer bimestre (mantuvo la tarifa social provincial).

